Jalkh, presidente del Consejo, puntualizó que los hechos suscitados, más allá de cualquier otro contexto, involucran una preocupación interinstitucional. Explicó que en el país todas las personas y grupos tienen derecho a manifestarse y protestar, “pero lo que no constituye un derecho es tomar armas y disparara contra los cuidados, contra la fuerza pública y atentar contra los bienes públicos y privados”. Acotó que una de las conclusiones iniciales de la Mesa de Justicia, es rechazar los actos de violencia y establecer acciones coordinadas para que hechos graves no queden en la impunidad. Destacó además que se han tomado medidas de seguridad para jueces y fiscales que investigan los hechos ocurridos, debido a que han recibido amenazas.
Por su parte el ministro del Interior, Diego Fuentes, reiteró que ningún acto de violencia puede ser justificado y muchos menos sobre la base de una supuesta protesta social. “Aquí se cometió un delito desarrollado lamentablemente por un grupo minúsculo de personas que están armadas, que dispararon a mansalva desde los matorrales a miembros de la policía, que simplemente cumplían con su deber”. A decir del Ministro, la mejor acción que puede tomar el Estado ecuatoriano es garantizar que estos actos criminales no queden en la impunidad.
Fuentes indicó que se han desarrollado todas las operaciones en la provincia en total apego a los derechos de los ciudadanos. “La fuerza pública y las Fuerzas Armadas han actuado con total mesura y no tenemos ninguna persona herida. Los controles se han realizado con total mesura. No hay persecución a nadie, el Estado persigue delitos y no a personas”.
Por su parte, la ministra Ledy Zúñiga señaló que 5 personas están detenidas y las mismas fueron trasladas al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. “Ellos como procesados están en un área en el que permanecen mientras se realiza el proceso de investigación y continúan dándose las demás etapas”.
