Investigadores de la ONU en la RDC han confirmado la existencia de al menos 17 fosas comunes más, indicó la Oficina en un comunicado.
«El descubrimiento de aún más fosas comunes y de informes que denuncian violaciones y abusos de derechos humanos muestran el horror que se ha producido en Kasai en los últimos nueve meses», dijo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Zeid Ra’ad al Hussein.
Las investigaciones de la misión de la ONU sobre el terreno (MONUSCO) apuntan a que el Ejército cavó quince de las nuevas fosas comunes encontradas, tras combates con la milicia Kamuina Nsapu en las localidades de Tshimbulu y Tshienke, que acabaron con la vida de 74 congoleños, 30 de ellos niños.
La milicia debe su nombre al que fuera su líder, muerto por la Policía el pasado agosto, y cuyo espíritu dicen seguir para continuar una cruzada contra el Gobierno que ha costado la vida a más de 400 congoleños y a dos observadores extranjeros de la ONU.
Según las informaciones recabas por el organismo de Naciones Unidas, entre el 28 y el 30 de marzo, las Fuerzas Armadas mataron a más 40 personas en operaciones de registro casa por casa en busca de milicianos en la ciudad de Kananga, y enterraron en fosas a la mayoría de las víctimas.
En la misma operación, los militares violaron a cinco mujeres y detuvieron 27 personas, entre ellos a una chica de 15 años.
La Oficina del Alto Comisionado denunció que los milicianos radicales secuestraron a un sacerdote y a una monja el 30 de marzo, después de destruir la iglesia en la que predicaban, y amenazaron con asesinarles si no recibían un rescate, que se pagó al día siguiente.
Zeid urgió al Gobierno de la RDC a que impulse una investigación rápida, transparente e independiente que esclarezca los hechos ocurridos y reiteró la voluntad de su Oficina de contribuir a la credibilidad de la misma, por lo que es necesario que las autoridades congoleñas les brinden acceso «a todas las fosas comunes y a los testigos, incluidos los detenidos».
El alto comisionado advirtió de que si el resultado de la investigación nacional «no es efectivo», «no dudará» en recurrir a la Corte Penal Internacional, dado que Kinshasa es signatario del tratado constitutivo del tribunal.
