La oficina de la ONU en Brasil censuró en un comunicado «la retórica de falta de respeto contra los Derechos Humanos» proferida por el diputado Jair Bolsonaro, el cual recordó al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los jefes del aparato represivo de la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985.
Bolsonaro homenajeó a Ustra, al que la propia Rousseff ha citado como uno de sus torturadores cuando fue presa por su militancia contra la dictadura, en el momento de depositar su voto favorable a dar continuidad al proceso para destituir a la mandataria.
Ustra fue «reconocido por la justicia brasileña y por la Comisión Nacional de la Verdad como torturador durante la última dictadura militar en el país», recordó el organismo, el cual agregó que «ese tipo de comentarios son inaceptables, especialmente viniendo de representantes de instituciones brasileñas y elegidos por voto popular».
La ONU insistió también en que «cualquier tipo de apología a las violaciones de derechos humanos y a la tortura está absolutamente prohibidas por la constitución brasileña y por el derecho internacional» e instó a la sociedad a defender «los valores de la democracia y de la dignidad humana».
Las palabras de Bolsonaro durante la votación del domingo causaron un gran revuelo y, según informó la Procuraduría General de la República, serán analizadas por el fiscal del Estado, Rodrigo Janot, en respuesta a un mínimo de 17.853 manifestaciones remitidas al organismo cuestionando las declaraciones.
El pasado martes, Rousseff se refirió también al episodio del diputado durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, a quienes dijo que «es terrible que alguien vote en el Congreso en nombre de uno de los mayores torturadores que ha tenido Brasil».
Tras la votación del pleno de Diputados, la decisión sobre la apertura del juicio contra la mandataria reside ahora en el Senado, que el próximo lunes instalará una comisión especial para analizar las acusaciones.
El informe que elabore la comisión será votado por la totalidad de la Cámara Alta alrededor del día 10 de mayo.
El Senado requiere una mayoría simple para dar inicio al propio juicio lo que, de cumplirse, obligaría a Rousseff a separarse del cargo durante 180.
En ese lapso de tiempo, que los senadores tendrían para concluir el proceso, la jefa de Estado sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, con quien ha roto todas las relaciones.
Rousseff es acusada por la oposición de maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, lo que sería un delito de «responsabilidad» con mérito para un juicio destituyente .
