La oposición aún no tiene definido un ‘plan B’, pero habla de acudir a todas las instancias para insistir en un juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glas.
En cambio, en el bloque de Alianza PAIS (AP), los asambleístas ‘dan por cerrado’ el caso de interpelación a su coideario Glas, y consideran que es muy remota la posibilidad de que se reactive el laudo arbitral internacional de Caminosca, que está en apelación y cuyo proceso es confidencial.
El CAL archivó el pedido de interpelación con cinco votos a favor (del oficialismo) y dos en contra (de las minorías).
El caso Caminosca fue una de las 30 pruebas que presentó Roberto Gómez, jefe de la bancada del movimiento CREO, en el pedido de juicio político contra Glas.
Esta no fue aceptada en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que analizó una certificación emitida por el representante legal de esa empresa en Ecuador, Miguel Ángel Alemán, que desbarató la prueba.
Prueba que, a criterio del presidente de la Asamblea, José Serrano, sería la única que podría relacionar a Glas con indicios de responsabilidad penal; pero que al ser un documento adquirido de forma ilegal y que está en apelación no es válido, argumentó.
Caminosca es una firma ecuatoriana que al momento consta en un informe del Centro de Arbitraje de Florida-EE.UU., iniciado por la multinacional australiana Cardno, porque detectó presuntos pagos indebidos a funcionarios para que esta se beneficie de contratos de consultoría y fiscalización relacionados con los proyectos hidroeléctricos Sopladora y Toachi-Pilatón, así como en Minas San Francisco y Petroamazonas.
