El resquebrajamiento de la alianza CREO – SUMA, que auspició la candidatura presidencial del banquero Guillermo Lasso, se produce tras la aprobación del proyecto de Ley que aplica la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017.
El texto, enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción, prohíbe a los servidores públicos, a quienes ostenten cargos de elección popular y a quienes se presenten como candidatos, a tener bienes en países considerados paraísos fiscales.
El proyecto de Ley fue aprobado por la Asamblea con 107 votos (con apoyo de SUMA) y 18 en contra. Eo generó la reacción de Lasso, quien mantiene su patrimonio en cuentas offshore, y ahora cree que “la alianza con SUMA ha perdido sentido”.
El 5 de julio, el líder de CREO aseguró en Twitter que la alianza votaría contra el proyecto de Ley porque, a pesar de ser un mandato popular, es una maniobra legislativa que “de manera inconstitucional”, restringe derechos electorales.
La respuesta del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, también llegó por la red social: “La alianza de SUMA es con los ecuatorianos y la democracia”.
“Respetamos su opinión, sin embargo acogemos la de los ecuatorianos que se expresaron mayoritariamente de manera diferente sobre el tema en las urnas”, reza la carta firmada por el asambleísta Guillermo Celi.
Días atrás, la concejala Carla Cevallos, tras anunciar su desafiliación a SUMA, contó que el movimiento jamás discutió sobre la alianza con CREO ni el apoyo a la candidatura de Lasso.
Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), solo en 2014 y 2015, $ 3.000 millones salieron de Ecuador con destino a paraísos fiscales.
Eso llamó la atención del Gobierno por su efecto pernicioso en la economía ecuatoriana.
