Entre mañana y el miércoles, esta bancada tiene previsto formalizar la solicitud. Según la Ley se requieren al menos 46 firmas, los respaldos documentales de la denuncia y el anuncio de la prueba para todo el proceso.
El solicitante formal del juicio será Roberto Gómez, coordinador del bloque. Él interrumpió el permiso de 15 días que tenía por paternidad para recolectar las firmas. Volvió de Guayaquil el miércoles pasado, para presenciar la comparecencia de Jorge Glas en la Comisión de Fiscalización. Tras la exposición del Segundo Mandatario, Creo-SUMA ratificó la decisión que había tomado una semana antes para enjuiciar al funcionario.
Por esta razón, Gómez permaneció en Quito. Pese a que Karla Molina, su alterna, estaba principalizada y votó en el Pleno del jueves, ese día el legislador estuvo en la Asamblea.
Durante toda la mañana conversó con varios asambleístas, en especial de la Bancada de Integración Nacional (BIN) que está formada por las minorías. Abordó a Wilma Andrade (ID), Raúl Tello (MUPP) y Ángel Gende, de la Alianza Tsáchila; en los pasillos del Palacio Legislativo. Aunque dice que ya tiene las rúbricas necesarias, la intención del bloque es conseguir al menos 60 de las 63 firmas que posee la oposición en el actual período legislativo.
Al inicio solo estaban aseguradas las 32 del mismo bloque. Y entre el miércoles y jueves se sumaron las 17 del Partido Social Cristiano. Henry Cucalón confirmó que todos los legisladores de esta agrupación firmaron el petitorio. Un día antes, el máximo líder del socialcristianismo, el alcalde Jaime Nebot, se había reunido con el presidente Lenín Moreno.
Hasta el viernes, también se decidieron algunos legisladores de las minorías. Por ejemplo, firmaron Andrade y René Yandún, de la ID. Pero otros, como Israel Cruz, pidieron primero una reunión con los representantes de Creo-SUMA. Quieren conocer cuáles son las pruebas “contundentes” que tienen, antes de respaldarlos. Según la norma, luego de la presentación del pedido, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá verificar el cumplimiento de los requisitos. Si no se cumplen, la solicitud volverá al solicitante y tendrá tres días para completarlos.
Después se enviará el expediente a la Corte Constitucional (CC) para que emita un dictamen previo de admisibilidad. Si la respuesta de este organismo es positiva, se iniciará el trámite normal en la Asamblea a través de la Comisión de Fiscalización y del Pleno. En el oficialismo, en cambio, la posibilidad del juicio político en contra del Vicepresidente no tiene apoyo.
Aunque el discurso ha variado en los últimos 20 días. El 6 de junio pasado, 70 votos ‘verdeflex’ bloquearon dos intentos de la oposición para llamar a Glas al Pleno en medio de la investigación por el caso Odebrecht. Alegaron que no había pruebas.
La oficialista María José Carrión, presidenta de Fiscalización, dice que no puede adelantarse a descartar el juicio, ya que primero el CAL y la CC deberán revisar los requisitos constitucionales. Incluso, no descartó firmar si las pruebas son reales. Sigue el juicio a Pólit Pese a la renuncia que el contralor Carlos Pólit presentó la semana pasada ante la Asamblea, la Comisión de Fiscalización continuará con el juicio político en su contra. Hoy a las 14:00 comparecerá en esta Mesa el exfiscal Galo Chiriboga.
Su presencia fue un pedido de la oposición. Buscan que aclare si desde que él estaba en la Fiscalía arrancaron las investigaciones en contra de Pólit por el caso Odebrecht. Mañana, en cambio, Jorge Acosta, procurador del Contralor Pólit, entregará las pruebas de descargo. Luego habrá cinco días para que la Comisión recomiende el juicio o el archivo.
