El hecho fue descubierto el 23 de mayo último y denunciado por los miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales Forjadores del Futuro, quienes piden que se investigue el caso ya que la tala se dio dentro de su área de custodia, indica Freddy Jordán, presidente del grupo.
Ellos temen que todo quede en la impunidad sin determinar a los responsables. Los moradores señalan que la trocha se abrió para facilitar la salida de la producción camaronera en desmedro de los manglares que albergan cangrejos y conchas que los denunciantes recolectan y comercializan.
Estas especies de árboles que resaltan en la geografía costeña son el centro de una polémica entre cangrejeros, quienes custodian este ecosistema mediante los llamados acuerdos de uso sustentable, y los que se dedican a la actividad camaronera, en el Día Internacional de la Defensa del Manglar que se celebra hoy.
Las figuras de protección son los bosques protectores, los acuerdos de uso sostenible y el estar en áreas protegidas.
En 1969 había 203 969 hectáreas (ha) de manglares, según estudios con sensores remotos satelitales, en las cinco provincias del área continental del país que tienen salida al mar y tras 37 años se redujeron a 148 230 ha en 2006.
Desde entonces la última cifra oficial disponible indica que quedan 161 835,03 ha, 42 134 menos con respecto a 1969, una reducción del 21 %.
En ese mismo periodo, en cambio, se dio la expansión de las piscinas camaroneras que pasaron de cubrir 2450 ha en 1969 a 175 748 ha en 2006, un aumento de 7073 %.
En la actualidad hay 216 611 ha distribuidas en 3933 unidades productivas de acuerdo con la Subsecretaría de Acuacultura del Ministerio de Producción, según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).
Las exportaciones de camarón estaban en auge antes del COVID-19. Las ventas pasaron de generar $849,7 millones en el 2010 a $3890,5 millones en el 2019.
El Ministerio del Ambiente y Agua (MAA) reconoce la pérdida del manglar, pero señala que entre 1995 y 2016 se dio una recuperación de casi 15 000 ha “producto de las políticas de conservación y aprovechamiento sostenible que el Gobierno ha implementado”.
Si bien la mayor parte de la pérdida se debe a la actividad camaronera, dice Natalia Molina, docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, hay otras causas, entre ellas, la expansión urbana con rutas como la Perimetral y la vía a la costa, en Guayaquil.
El MAA indica a este Diario que «hay responsabilidades compartidas entre el crecimiento urbano no organizado y actividades productivas no regularizadas como la producción acuícola y cultivos
agrícolas».
José Antonio Camposano, presidente de la CNA, reconoce que el sector es responsable de parte de lo talado, ya que, dice, hace 30 años se desconocía el rol de filtrador natural que tiene ese ecosistema y que la instalación de camaroneras sobre suelos ácidos, en los que crece el mangle, perjudica al desarrollo del camarón.
“La afectación de manglares por parte de la producción camaronera se detuvo hace más de 20 años, pues ya no existe la figura jurídica de concesión de playas y bahías para la construcción de nuevas camaroneras y el mayor número de hectáreas de producción acuícola se las ubica en tierra privada, generalmente en zonas sin vocación agrícola”, dice.
La Resolución 056 del MAA de enero del 2011 dispuso una sanción de $89 273 por cada ha de manglar talada. En el periodo 2012-2020 se dio una recaudación acumulada de $1 568 873 en 18 sanciones, según la entidad.
Camposano afirma que el gremio ha presentado las denuncias con pruebas cuando hay afectación, pero ve con “mucha preocupación” que la “cartera de Estado no está respondiendo a tiempo”, señala.
Inés Manzano, experta en legislación ambiental, explica que el MAA primero actúa de forma directa con las sanciones administrativas, pero el tema es que no hay personal, añade, para actuar con más rapidez.
“Hay sectores inaccesibles y el camaronero informal, he visto algunos casos de estos, se pone al lado de las camaroneras más grandes, talan el manglar, lo secan y hacen sus invasiones en lugares de difícil acceso, como no hay recurso humano ni económico para hacer la inspección in situ que es algo que te pide la norma administrativa entonces no se sanciona más que el 20 % de las denuncias que llegan porque no hay capacidad para hacerlo”, agrega.
En lo penal, tras la sanción administrativa, el MAA, dice Manzano, está obligado por ley a seguir una acción penal en contra del que hizo la tala. “Entonces no se abre el proceso o no se entrega el informe que requiere el sistema judicial para seguir por estos delitos de acción pública”. Cuando es in fraganti no se requiere del informe, pero esto debe darse dentro de las 24 horas de flagrancia desde que se comete el delito, lo que se complica.
Xavier Chalén, director del Programa Marino Costero de Conservación Internacional, dice que cada año hay un promedio de doce denuncias que la ONG tiene conocimiento de tala de manglar y que en un estudio se determinó que solo una llegó a una condena, pero fue apelada. “Los procesos son tan largos que al final no hay poder judicial o administrativo que haga cumplir la ley”.
Una práctica, dice Molina, es que quien tala el manglar luego vende el área y el comprador pues ya no se responsabiliza por lo talado y finalmente no hay a quién culpar.
12
denuncias al año por la tala del manglar se registran en promedio, según Conservación Internacional.
18
sanciones administrativas por la tala del manglar se han establecido en los últimos 8 años desde el 2012.
Otro ecosistema más afectado son las áreas salinas, que pasaron de 51 154 ha a 3706 ha en los últimos 50 años, según estudios. Y la expansión camaronera tierra adentro, indica Molina, también se hace en áreas agrícolas, por lo que el suelo queda salinizado.
Nota Original: El Universo – LINK
