La declaratoria de emergencia en el sector eléctrico otorgaba al Ministerio de Energía una competencia que no podía ser delegada a CELEC para la suscripción de contratos de generación, tal y como lo hizo con el primer bloque de adjudicación, así lo indicó en NotiMundo Estelar, Alejandra Vivanco, ex subcontralora.
Explicó que los contratos ahora cuestionados con la empresa Progen tuvieron su origen en el Decreto Ejecutivo con el que el presidente Daniel Noboa declaró la emergencia en el sector energético. A esto, se suma el Acuerdo Ministerial firmado por el entonces ministro encargado del ramo, Roberto Luque, y las dos resoluciones emitidas por Fabián Calero, actual viceministro de Electricidad.
Sin embargo, precisó que en ambas resoluciones, se contempla a la Contraloría como el ente encargado de brindar asesorías en materia de contratos de emergencia. Esto, sin que su asistencia se vea involucrada en la toma de decisiones.
Otro de los puntos cuestionables, según Vivanco, es el retiro vía Decreto Ejecutivo, de la competencia de la Contraloría para emitir informes de pertinencia en contratos de emergencia. Con este oficio, consideró, se pudieron advertir las irregularidades con respecto a una sola proforma: la de Progen.
Enfatizó que una confusión en la forma de contratación de los bloques de energía por parte del Gobierno, podría derivar en posibles nulidades. Esto, debido a que las adjudicaciones se hicieron en base a distintas resoluciones y cuerpos legales, en lugar de los mismos que sustenten la emergencia en el sector.
Por ello, indicó que el camino para resolver el posible incumplimiento de CELEC será largo y tortuoso. En este, se esperaría que la Contraloría emita un informe con responsabilidades civiles, administrativas, y en el caso de que se hallen indicios de responsabilidad penal, será la Fiscalía la encargada de determinar la culpabilidad de la empresa Progen.
Sin embargo, consideró que existiría otra ruta de mayor agilidad para el Estado.
La vía «rápida» para solventar el caso Progen
Para Vivanco, la intervención de la Procuraduría General del Estado sería una vía mucho más rápida para solventar los inconvenientes con Progen. Explicó que la institución debería realizar un control de legalidad en los contratos, algo que podría terminar en una demanda de nulidad.
«Ya pasamos los 60 días de la emergencia, los 30 posteriores y no nos entregan los generadores. En el portal (de contratación pública) no se advierten las garantías», dijo.
