Ramiro González, presidente Nacional de AVANZA, en entrevista en Notimundo A La Carta con Marcela Holguín, manifestó que desde este partido político presentaron al Gobierno Nacional una alternativa a la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción de las zonas afectadas por el Terremoto porque resulta «innecesaria y es antipopular». En este sentido, el exministro señaló que en el documento propusieron medidas reactivadoras de la economía de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo a través de incentivos para las empresas que invertirían en las zonas golpeadas y así obtener un capital de al menos 1 783 millones de dólares, que deberá ser administrada en una cuenta especial y única.
Entre las propuestas, según González están: establecer una exención del Impuesto a la Renta por 10 años a las empresas que realicen nuevas inversiones y para aquellas cuya infraestructura se vio afectada por el terremoto; decretar la exención del pago del anticipo al Impuesto a la Renta en las provincias afectadas, para todas las personas naturales y jurídicas; establecer la exención del Impuesto de Salida de Divisas, para las inversiones extranjeras que se asienten en estas provincias de manera estable; la ampliación del régimen de drawback del 5% al 10% para todas las exportaciones que se generen en estas provincias, entre otras.
«Pedimos que de manera urgente e inmediata se reestructure todas las deudas contraídas por los municipios afectados con la Corporación Financiera Nacional (CFN) o con el Banco Nacional de Fomento (BNF) hasta plazos no menores de 15 años y con seis meses de gracia», señaló el exfuncionario, quien añadió que es necesaria la racionalización de la estructura estatal y la venta de activos incautados. Detalló que es necesario la eliminación de los seis ministerios coordinadores (De la Producción, Empleo y Competitividad; De Desarrollo Social; De Conocimiento y Talento Humano; De la Política Económica; De Sectores Estratégicos; De Coordinación de Seguridad), eliminar la Secretaria de Inteligencia, eliminar la Secretaría del Buen Vivir, eliminar la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, entre otros, y producto de estas decisiones se podría obtener al menos un ahorro efectivo de unos 150 millones de dólares anuales.
Sobre la venta de algunos de los activos y empresas del Estado, el líder de Avanza señaló que se debería vender la aerolínea TAME, pues de la forma que se la ha administrado ha declarado pérdidas millonarias; vender el 38% de las acciones que el Estado mantiene aún en la Compañía de Economía Mixta “Unión Cementera Nacional; la venta de los medios de comunicación incautados como GamaTV, y TC-televisión; la venta del Banco del Pacífico, y la venta, por medio de subastas públicas y en un plazo no mayor a 90 días, de los bienes producto de incautaciones que están en manos del Banco Central del Ecuador (BCE).
Asimismo, González señaló que llama la atención que después de un mes del terremoto, que afectó especialmente a Manabí y Esmeraldas, la empresa Seguros Sucre no tenga un listado de bienes públicos asegurados. En este sentido, dijo que es necesario saber y conocer si los hospitales, oficinas públicas, colegios y escuelas del milenio de las zonas afectadas contaban con seguro y si no es así, sancionar y cobrar las glosas a los que descuidaron este trámite. «Seguros Sucre debe indicar al país las empresas reaseguradores y los montos cubiertos», dijo el exministro, quien enfatizó que según el art. 5 del Reglamento de Bienes Públicos, todas las estructuras que pertenezcan al Estado deben contar con un seguro que las proteja. «A un mes del terremoto la aseguradora debería darle tranquilidad al país, y entregar los recursos para empezar la reconstrucción», añadió.
