Romo está por cumplir dos años en el cargo, primero como ministra del Interior y luego como ministra de Gobierno. En este periodo de tiempo tres eventos han marcado su relación con el Legislativo: el fallido juicio político en su contra, la oposición a su designación para vicepresidenta de la República y la última resolución en la que el pleno pide al Ejecutivo su remoción.
En el segundo semestre del 2019, los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (antes de CREO) y la correísta Amapola Naranjo (RC) impulsaron dos procesos de juicio político con el respaldo de más de 40 firmas de correístas, socialcristianos, algunos oficialistas y otros por un supuesto incumplimiento de funciones y abuso de bienes públicos.
Tras un largo proceso de comparecencias, el 12 de diciembre, nueve asambleístas en la Comisión de Fiscalización y Control Político no dieron paso a este pedido de juicio político: los oficialistas de Alianza PAIS (AP) Johana Cedeño, Karina Arteaga, Daniel Mendoza, Fausto Terán, Alberto Arias y Michel Doumet; Silvia Vera y Luis Pachala (CREO), y el independiente Jimmy Candell. Votaron en contra la correísta Carmen Rivadeneira y Luis Núñez (PSC). Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión, se abstuvo.
Al plantear el archivo de la causa, Mendoza sostuvo: «No se ha logrado determinar el incumplimiento de funciones».
Casi seis meses después, entre el 5 y 6 de junio, Mendoza fue detenido y procesado por delincuencia organizada por irregularidades en un contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales. En su cuenta de Twitter, la ministra Romo señaló que Policía y Fiscalía iniciaron las investigaciones de este caso tres meses atrás.
El 1 de julio, el mismo día que Mendoza renunció al cargo de asambleísta, Romo señaló ante la comisión multipartidista que lo investigaba que él no gestionó fondos públicos.
Sin embargo, tras la difusión de una supuesta conversación entre Mendoza y Azuero, en el que supuestamente se implicaría a la ministra en “repartos”, el 16 de julio ella retomó el tema y señaló: “No se equivoquen conmigo ni los implicados ni sus abogados. En esa conversación lo que yo noto es que Mendoza trata de involucrarme para protegerse” y agregó: “Que explique (Mendoza) el uso que le ha dado a los recursos públicos”.
En medio de estos dos últimos eventos, el 10 de julio, el presidente Lenín Moreno envía una nueva terna para elegir a la cuarta persona en ocupar el cargo de vicepresidenta en este periodo de gobierno y la primera en la lista es Romo.
Y, el 13 de julio, la Fiscalía General del Estado pide incluir a Azuero en la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada, que se sigue contra Mendoza.
El 17 de julio, Azuero, quien negó dicho audio, no se presenta a la audiencia y el pleno de la Asamblea rechaza la moción de designar a Romo como vicepresidenta con 87 votos negativos, 36 votos afirmativos, 1 voto en blanco y 11 abstenciones.
Para esta última semana de agosto, ya no son audios, sino mensajes de texto de una supuesta conversación, ahora entre Romo y Mendoza, en los que se habla de nombres y perfiles para ciertos cargos públicos. Información obtenida del teléfono del exasambleísta.
El 27 de agosto, el pleno de la Asamblea, con 123 votos a favor, y 1 abstención resuelve censurar a Mendoza y pedir al presidente Moreno la remoción del cargo de Romo por “haber reconocido durante su comparecencia (…) haber recibido sugerencias de nombres por parte del exasambleísta investigado que luego fueron designados para ejercer cargos públicos”.
Ante la resolución de la Asamblea, la ministra respondió: «La Asamblea me ha enviado un mensaje claro (…) no me perdona que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos”.
El presidente Lenín Moreno y el resto del gabinete han ratificado el respaldo a la gestión de Romo y, al igual que la ministra, han sostenido que consultar sobre posibles perfiles para ocupar cargos no es una irregularidad.
Nota Original: El Universo – LINK
