El proceso de juicio político contra la “Liga Azul” no fue calificado por Consejo de Administración Legislativa (CAL) En NotiMundo a la Carta, Nataly Morillo, asambleísta por ADN, señaló que la Asamblea Nacional está 'secuestrada' por la Revolución Ciudadana, que pretende seguir imponiendo su agenda política.

Créditos: Redes
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Nataly Morillo explicó que esta decisión es lamentable y refleja una falta de compromiso con la fiscalización en el Legislativo. Agregó que ya han sido testigos de las acciones de la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana, y que actualmente se sigue una investigación en la Fiscalía. Además, destacó que desean que el proceso judicial se extienda a la parte política, donde se pueda juzgar políticamente a los consejeros por el mal uso de sus funciones.

Explicó que es fundamental que la política se base en la transparencia, y destacó que los ciudadanos esperan acciones concretas frente a las situaciones que afectan al país. Sin embargo, resaltó que en la Asamblea no existe una fiscalización real, ya que persisten las agendas personales y políticas.

Morillo precisó que la falta de calificación del juicio político por parte del CAL no solo perjudica a la Liga Azul, sino que también envía un mensaje negativo sobre la capacidad de la Asamblea para cumplir con su rol de control.

Juicio político Inés Manzano

En cuanto a la ministra de Energía, Inés Manzano, Morillo explicó que ha estado trabajando desde el primer momento para atender a las personas afectadas por el derrame en Esmeraldas. Aseguró que la ministra se defenderá como corresponde, pero aclaró que este juicio está más impulsado por intereses políticos que por fundamentos legales.

Morillo destacó que, como bancada, buscan también la fiscalización de la sesión realizada en Esmeraldas, donde no hubo quórum, y algunos legisladores fueron sorprendidos bebiendo por la noche. Aseguró que, aunque no se utilizaron recursos para que los asambleístas viajaran, sí se destinó presupuesto para la logística, lo que considera un despilfarro de los recursos de los ecuatorianos.

Finalmente, instó a sus colegas a reconsiderar su postura y a priorizar el interés público por encima de las agendas personales o partidistas. Concluyó que es esencial que la Asamblea Nacional cumpla con su deber de fiscalización para fortalecer la democracia en Ecuador.

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