En el informe se desprende que la Secretaría de Gestión Política habría desembolsado recursos sin las justificaciones correspondientes, entre el 17 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. Según el documento, mediante procedimientos de ínfima cuantía se contrataron servicios de alimentación, hospedaje, transporte y adquisición de materiales para el desarrollo de eventos y talleres.
Estos gastos fueron cancelados con Comprobantes Únicos de Registro (CURS). Entre el 2013 y el 2016, la Secretaría de Gestión Política efectuó pagos para la adquisición de bienes y servicios a través de mecanismos de ínfima cuantía, por USD 1 396 195.
Para el informe, se analizaron USD 574 671, que corresponden a 274 CURS. Según Contraloría, en 29 desembolsos de este tipo se encontraron irregularidades, que ocasionaron un perjuicio al Estado por USD 81 045. El examen apunta que se hicieron pagos sin fundamento legal y sin contar con la documentación de respaldo.
También se halló que se organizaron eventos en sitios privados, en los que se pagó por servicios de logística, alimentación o alquiler de locales, sin la autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP). Dos de estos eventos se habrían organizado en sedes de Alianza País. Otro dato revelador del examen es que dos eventos organizados por la Secretaría de la Gestión Política “coincidieron” con movilizaciones que sectores de la oposición realizaron en Quito.
En ese entonces, el anterior gobierno convocaba a las denominadas “contramarchas” para contrarrestar las manifestaciones de oposición. Contraloría encontró que el 19 de noviembre del 2014 la Secretaría de Gestión Política pagó USD 6 800 para el traslado a Quito de 200 personas desde Portoviejo, Esmeraldas, Guayaquil y Babahoyo.
En esa fecha, las centrales sindicales protestaron contra un anuncio de reformas laborales. El 20 de marzo del 2015, en cambio, se desembolsó USD 7 200 para 1 000 refrigerios y 1 000 almuerzos. Ese día, 1 000 personas asistieron al taller de Gestión de Fortalecimiento con Organizaciones Indígenas y Campesinas Evangélicas de la Sierra Centro y Amazonía.
Pero a la par, avanzó la llamada ‘Marcha de la Resistencia’ convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Otro gasto injustificado, según Contraloría, se hizo en noviembre del 2017, cuando la Secretaría de Gestión Política pagó USD 7 000 para la elaboración de 2 000 banderas.
Fuente: El Comercio
