El juicio político en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha generado en las últimas semanas un debate nacional e internacional sobre la legitimidad del mismo. Muchos especialistas han señalado que esta iniciativa demuestra, en primer lugar, que los mecanismos de control político en América Latina funcionan, y en segundo lugar, reflejan la caída de un sector vinculado a la izquierda, especialmente el conocido Socialismo del Siglo XXI. Mientras que otros, incluidos algunos mandatarios latinoamericanos, han afirmado que se trata de un «golpe de Estado».
Rousseff, suspendida de su cargo por el Senado, afirmó que en el juicio político en su contra no estará en juego su mandato, sino el «futuro» del propio país, y aseguró, además, que sufre «la mayor de las brutalidades que se puede cometer contra un ser humano: castigarlo por un crimen que no cometió». Rousseff, durante un discurso, pidió a sus partidarios que se mantengan «movilizados, unidos y en paz», porque «la lucha por la democracia no tiene una fecha para acabar». Aseguró, también, que esa decisión abre «un momento decisivo para la democracia» y el «futuro de la nación», que es lo que se jugará en el proceso.
Esta alocución hizo que centenares de brasileños se manifestaran de inmediato contra el presidente interino, Michel Temer, en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil y cuna política del sustituto de la mandataria. Es así, que la céntrica Avenida Paulista, tradicional bastión de la que hasta ahora era la oposición al Gobierno de Rousseff, fue el escenario de las protestas que congregaron a sindicatos y movimientos sociales.
Los manifestantes señalaron que no reconocerán la «legitimidad» del Gobierno de Temer y aseguraron que saldrán constantemente a las calles, pero no para defender a Rousseff, sino para proteger «la democracia y los derechos sociales». También, reclamaron que algunos de los legisladores que apoyaron el juicio político con mayor fervor están enfrentando cargos serios por corrupción, fraude electoral y violación a derechos humanos, lo que ha generado un debate nacional sobre la hipocresía de los líderes brasileños.
Jairo Libreros, analista político, señaló que día a día, en América Latina los procedimientos constitucionales demuestran que si es posible controlar los excesos de poder en los que incurren los mandatarios, y añadió que este juicio político es el ocaso de los «gobiernos progresistas» que se desarrolla, en algunos casos, por la vía electoral como en Argentina y en Brasil por otro procedimiento constitucional, que tiene la misma legitimidad que cualquier elección.
Asimismo, el analista dijo que el desgaste de Rousseff será muy fuerte porque está en juego su legado y el de Lula Da Silva. Por ello, no descartó que durante este proceso de juicio político, que durará alrededor de 180 días, la renuncia de la Mandataria, que estaría principalmente motivada para proteger a su partido.
Sin embargo, ¿cuál es la razón del juicio político? La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal. Según la oposición, se trata de un “crimen de responsabilidad” que justifica por sí solo el impeachment.
De su lado, el Gobierno argumenta que sus predecesores, incluido el propio Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del candidato derrotado, Aécio Neves, hicieron lo mismo, aunque lo cierto es que ningún presidente había recurrido a las llamadas “pedaladas fiscales” tanto como ella.
A todo esto, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, enfrenta ya su primer problema en el frente externo, tras la decisión de Venezuela de llamar a Caracas a su embajador en Brasilia por lo que califica de «golpe» contra la mandataria suspendida, Dilma Rousseff.
Mientras tanto, el Senado de Brasil definirá en los próximos días el calendario del proceso contra la presidenta, quien deberá, entre sus primeros pasos, presentar su defensa ante la comisión especial, lo cual podrá ser en forma personal o a través de sus abogados.
El plazo para esa presentación es de veinte días y corre desde el pasado día 12 de mayo que se aprobó el juicio político. Tras recibir la defensa y escuchar testigos de ambas partes, la comisión deberá elaborar un informe final con las conclusiones del caso que, si fuera aprobado por una mayoría simple, será encaminado al pleno del Senado. En caso de que Rousseff sea destituida por una mayoría calificada de dos tercios (54 votos), Temer gobernaría hasta el 1 de enero de 2019, cuando vence el actual mandato, pero si fuera absuelta por la Cámara alta, recuperaría inmediatamente el poder.
