La esperanza de otorgar equidad a amplios sectores de las FF.AA., entre ellos los sargentos en servicio pasivo, es el propósito de las reformas a la seguridad social. Para mostrar su respaldo, varios militares jubilados acudieron ayer a la Asamblea para escuchar el debate y ser testigos de “cómo cambia la historia”. Fernando Montalvo, representante de la Asociación de Sargentos en Servicio Pasivo, tiene la esperanza de que, al menos para los nuevos militares, exista equidad, lo que ellos “no conocieron”.
“Esta es la oportunidad para que se abran las cuentas del Issfa (Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas), para conocer dónde está nuestro dinero, ese que nos quitaron para sostener las pensiones de los oficiales”, dijo. Y fue más allá al recordar que cuando se jubiló en 2005, recibió $ 18.000. Su pensión actual es de $ 750, es decir 7 veces menos de lo que recibe un oficial. Reformas se basan en estudios Uno de los justificativos para aprobar la ley reformatoria es que existen estudios actuariales que dicen que es necesario hacer cambios.
El asambleísta Byron Valle mostró ayer -durante el primer debate que duró 6 horas- las cifras que reflejan que para evitar que la seguridad social de las FF.AA. y la Policía colapse, se necesita una reforma. Los problemas son que hay un déficit financiero por la jubilación temprana, elevadas tasas de retiro y otros aspectos. Por ello, la masa pensional debería crecer consistentemente, igual que la masa salarial. El proyecto de ley recoge la recomendación del estudio que señala que el tiempo de servicio mínimo requerido sea de 25 años y no de 20 años, como es ahora.
Además de que el incremento en los salarios de los militares será sobre la inflación anual del año anterior, hasta que se llegue al tope establecido. Según manifiestan militares jubilados, quienes se oponen a la ley no quieren que los sueldos de la tropa se equiparen. Montalvo resaltó que en la asociación hay 40 mil personas y que el principal beneficio será que los sueldos de los militares se incrementarán de acuerdo a la inflación (en la actualidad a los pasivos se les aumenta siempre) y cuando varíe lo que reciben los activos. En su intervención en el pleno, Valle dejó claro que los ecuatorianos están conscientes de la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en el país y su aporte invaluable en diferentes momentos de la historia. Por esta misma razón, es en esta década en la que más aportes han tenido por parte del Ejecutivo y eso lo reconocen quienes sufrieron las limitaciones de años anteriores. “Nosotros fuimos la carne de cañón en las guerras de 1981 y 1995. Hacíamos la guardia de seguridad 7 veces al mes y ellos (los oficiales) una vez cada 6 meses”. Los amargos recuerdos de los sargentos jubilados son de humillaciones en muchos aspectos.
“Comíamos en latas, agua con papa y col, y ellos una sopa de camarón en vajilla; en un espacio de 4×4 estaban las cuadras en donde descansaba toda la tropa en literas; el mismo espacio tenía un oficial para él solo con una nevera y un televisor”. Valle añadió que las pensiones de los trabajadores tienen un techo de $ 2.013, con excepción de los oficiales de alto grado que no lo tienen y que reciben jubilaciones de hasta $ 4.800. “Es inequitativo que los generales y coroneles no tengan un techo”, resaltó. Se aclaró que el sistema de seguridad social es uno solo y, por ello, se mantiene el principio de solidaridad. Las reformas que se proponen son aplicables para los uniformados que ingresen posteriormente a la aprobación de la Ley. La recomendación es que las pensiones se establezcan de un promedio entre las 60 mejores aportaciones. En cuanto a las afectaciones para las pensiones de los oficiales, se tiene previsto que se calculen progresivamente. En un primer año se calculará en base a las 12 mejores aportaciones, el segundo año sobre las 24 y así sucesivamente, hasta completar las 60 (5 años). Al analizar la afectación a lo que recibirían los oficiales, Valle ejemplificó el caso de un general: actualmente tiene sueldo de $ 5.560 y recibe pensión jubilar de $ 4.893.
Al quinto año el general tendrá reducción del 2,95% ($ 144) en el sueldo. La audiencia que acudió a la Asamblea escuchaba atenta la exposición que Valle realizó con diapositivas y surgía -según comentaban- la esperanza de tiempos mejores. En alguna ocasión hasta aplaudieron. Pero el escenario cambió cuando tomó la palabra la legisladora del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Mae Montaño. “Este no es el momento políticamente correcto para debatir esta ley”, recalcó Montaño como el argumento para pedir el archivo de la propuesta. Esto generó rechazo en los espectadores, quienes respondieron con gritos en contra. Para el sargento retirado Pedro Criollo, quienes se oponen tienen postura egoísta. Él combatió en la cordillera del Cóndor y recuerda que entró a la zona de conflicto sin protección aérea. Ese fue su acto heroico. Pero no fue valorado por sus superiores, hasta que este Gobierno les dio el reconocimiento necesario. Sienten -según ellos- que los oficiales en lugar de respaldarlos, les dieron la espalda.
