Más de $ 1 millón -anuales- sería la diferencia entre lo que la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) declaró al Consejo de Educación Superior (CES) y lo que reportó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de sueldos a los docentes y funcionarios. Ese fue el anuncio de Leonardo Berrezueta, ministro de Trabajo.
Frente a eso, el funcionario informó que desde la entidad se solicitó al IESS que realice un examen exhaustivo junto con el Servicio de Rentas Internas (SRI) a la Andina.
Además, Berrezueta indicó que hasta las oficinas del Ministerio del ramo han llegado varias denuncias (no especificó cuántas) de profesores de la Andina indicando que no les pagan el sueldo correspondiente con respecto al régimen de escalafón establecido. “Estas denuncias están siendo canalizadas”, indicó.
Al finalizar la rueda de prensa, un grupo de funcionarios de la cartera de Estado laboral fue hasta las instalaciones de la UASB para realizar una inspección. Alex Remache, vicerrector del centro de educación superior, los recibió en su despacho. Hasta el cierre de esta edición se conoció que se habría resuelto un cronograma para iniciar la inspección desde hoy a las 08:00.
Según un informe de desembolsos realizados por la universidad en 2014 (al que tuvo acceso este diario), se habría cancelado al personal académico, por sueldos y beneficios sociales, un total de $ 4’060.257,17.
Además, según la documentación, el actual rector César Montaño (cuya designación ha sido desconocida por el Parlamento Andino), recibiría una remuneración mensual de $ 6.490. Pero la universidad habría declarado al IESS ingresos por $ 3.027.
Al ser consultado, vía telefónica, sobre esta supuesta diferencia entre el salario que percibe versus el que aporta al IESS manifestó: “No tengo aquí los elementos para contestar y habría que contrastar con algo oficial de la universidad”.
En medio de este contexto, Montaño asumió el pasado viernes el rectorado de la UASB en un acto simbólico. En días pasados, el Consejo Superior declaró ilegal su nombramiento, al igual que el Parlamento Andino, por transgredir las leyes vigentes para ser rector en Ecuador. La norma estipula que la máxima autoridad de una universidad no puede obtener su doctorado en la institución que aspira a dirigir.
Enrique Santos, del CES, informó que ese organismo realizará un pronunciamiento oficial después de que el Tribunal Andino de Justicia dé su veredicto con respecto a las demandas que receptó.
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece en el artículo 25 que las universidades deben rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezcan la Contraloría y la Senescyt.
Berrezueta subrayó que el hecho de que una universidad reporte al IESS valores inferiores a lo que establece la ley se podría considerar como un presunto delito, pues existiría un perjuicio al fondo del IESS. “Las investigaciones continuarán”, dijo el ministro de Trabajo. Adelantó que se extenderán a otras universidades de ser necesario.
