Un pago por más de 4 millones de dólares en bonificaciones, seguros de vida y otros beneficios, además de una transferencia por más de 9 millones de dólares a cuentas en Miami son varias de las irregularidades detectadas en la universidad.
Tras un examen especial realizado por la Contraloría al período comprendido entre 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2015, el organismo concluyó que existen «valores que no debieron ser asumidos con recursos públicos», publicó este lunes diario El Telégrafo.
Durante este periodo, el historiador Enrique Ayala Mora ejerció como rector y docente, quien justificó que los desembolsos se realizaron porque la universidad es una institución de derecho público internacional, que se ampara en el convenio que suscribió el Estado ecuatoriano en 1992 -modificado en 1998- que le “reconoció privilegios e inmunidades de organismo internacional”.
Con este argumento, el centro de educación superior creó sus propias normas y escalas remunerativas que incluían el pago de bonos por años de servicio y subsidios por cargas familiares, educación o guarderías que ascendieron a 2,8 millones de dólares. A eso se suman los 469.000 dólares que fueron cancelados por bonos de aniversario, vacaciones adicionales o dietas a docentes que fueron recontratados después de jubilarse.
Con ello se inobservó la norma que establece que “solo podrán reingresar a la misma u otra institución superior pública bajo la modalidad contractual de servicios civiles”.
Otro de los beneficios era un seguro privado de salud y otro de vida para todo el personal, cuyos costos ascendieron a 748.000 dólares.
Según publica El Telégrafo, una de las trabajadoras confirmó que la vigencia del contrato con la empresa Humana, pero desconocía los detalles de la cobertura. De los 34’044.006,77 de dólares analizados por la Dirección de Auditoría de desarrollo e Inclusión Social de Contraloría, se determinó que el centro académico incumplió con la normativa vigente para las instituciones públicas en el desembolso de 4’088.582,55 dólares, lo cual podría devenir en responsabilidades de tipo administrativo y civil.
La Constitución ecuatoriana, vigente desde 2008, fijó parámetros de regulación para todas las instituciones que se benefician de los recursos del Estado, entre las que figuran los centros de educación superior. La Universidad Andina es una de ellas.
De los 27 millones de dólares que necesita cada año para operar, 17 millones provienen del Estado. Es decir el 70% de su presupuesto.
Los artículos 297, 298 y 352 de la Constitución de la República señalan que: «Las entidades que reciban bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan, a principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.»
Bajo esta norma, la Contraloría auditó las cuentas del centro de altos estudios y pidió una explicación sobre el destino de esos fondos.
En una entrevista con el portal Ecuadorinmediato.com, el ministro de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Aráuz, cuestionó que la Universidad Andina haya enviado a cuentas en Miami cerca de 10 millones de dólares.
El destino de esos recursos aún está en investigación, pero datos preliminares indican que el mayor desembolso se produjo en 2015 por 7,4 millones de dólares.
En total, entre 2010 y 2016, la universidad sacó del país más de 13 millones de dólares, de los cuales el 75% fue exclusivamente a Estados Unidos.
Aráuz recalcó que eso impide a los órganos de control nacionales supervisar el uso de esos recursos, sobre los cuales “se ha perdido el rastro”.
La normativa aprobada el 16 de noviembre pasado por la Junta de Política y Regulación Monetaria prohíbe a las entidades que reciben fondos públicos transferir sus recursos al exterior y obliga a repatriarlos.
