Para Campaña, el único sustento del Gobierno para acusar a la empresa Lafattoria S.A. de financiar al crimen organizado es el “desconocimiento” y “desinformación”. Precisó que los señalamientos son parte de una “leyenda urbana” que carece de fundamentos.
La firma inició sus operaciones con el Estado en diciembre del 2011, cuyos contratos, según Campaña, nunca tuvieron observaciones ni irregularidades. Esto, frente a las sospechas del Gobierno de un posible ingreso de armamento y demás objetos prohibidos en la comida.
El abogado de la empresa aclaró que esta no depende únicamente del abastecimiento de alimentos al sistema carcelario, sino que cuenta con más clientes.
Por otro lado, se refirió a la deuda del Estado de USD 30 millones con la compañía y enfatizó que la falta de abastecimiento de comida no afecta a la firma, sino a los clientes: niños y niñas del desayuno escolar y privados de la libertad.
Frente a esto, hizo un llamado al Gobierno a tomar acciones con respecto a la alimentación de más de 1.6 millones de estudiantes de escuelas y colegios que benefician de productos proporcionados por Lafattoria S.A.
Asimismo, no descartó la posibilidad de estar al frente de un “juego político”, luego de que el presidente de la empresa, Richard Villagrán, aseguró ser partner comercial de Jan Topic en una industria de tecnología.
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