75 ciudadanos cubanos ya fueron deportados a su país de origen porque no justificaron su status migratorio en el país, según informó el Ministerio del Interior, quien destacó que el accionar se realizó cumpliendo las órdenes judiciales pertinentes de la Unidad de Contraventores y Menores Infractores de Pichincha, luego de las audiencias respectivas.

Ministerio del Interior

Los ciudadanos cubanos partieron desde el aeropuerto de Tababela de Quito rumbo a La Habana en vuelos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), según el Ministerio, durante todo el proceso de transporte, desde el Centro de Acogida Temporal Hotel Carrión y la Unidad de Flagrancia, se respetaron sus derechos humanos y se confirmó el buen estado de salud de cada uno de los extranjeros.

«Hasta el momento, 22 personas fueron liberadas de ellos 4 menores de edad. Debido a que confirmaron residir en Ecuador y son padres de hijos ecuatorianos. Ellos seguirán con los trámites correspondientes para obtener su permanencia legal en el país», indicó la entidad.

Asimismo, señaló que este lunes continuarán con las audiencias para determinar si los ciudadanos restantes deben ser deportados o no.

Juan Pablo Albán, abogado de los extranjeros, afirmó que las expulsiones colectivas de extranjeros son un crimen castigado internacionalmente y añadió que las autoridades del Gobierno Nacional deberán responder internacionalmente por esta decisión.

«Inminente deportación furtiva de cubanos esta madrugada pese a órdenes judiciales de libertad. Siguen sin ejecutarse las órdenes de libertad inmediata dictadas por jueces de contravenciones a favor de cubanos ilegalmente detenidos», escribió en Twitter, el pasado sábado antes de que se realice la primera deportación.

De su lado, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) expresó su “profunda preocupación” por las deportaciones de cubanos que ejecutó Ecuador el fin de semana, ante “las denuncias recibidas sobre violaciones al debido proceso”.

En este sentido, recordó al Gobierno ecuatoriano que tiene la “obligación jurídica de cumplir con los principios básicos del debido proceso y la independencia judicial en revisión de todos los casos migratorios, especialmente en los casos en los que hayan solicitado refugio”.

Citó que jueces resolvieron deportar, incluyendo dichos casos, y a pesar de que existía una solicitud de habeas corpus, y que “las decisiones judiciales se elevan luego a consulta con el ministro del Interior”.