Si bien la prioridad ha sido la vacunación contra el COVID-19 con la meta de nueve millones de inmunizados en los primeros cien días, Lasso también ha mencionado que esto se enmarca en otro de los objetivos principales de su gobierno: la reactivación económica, después de la crisis que ya se atravesó en el régimen de Lenín Moreno y que se acentuó con la pandemia.
En lo económico, también ha puesto énfasis en el sector hidrocarburífero y minero, expidiendo dos planes de acción para el aprovechamiento de esos recursos; y ha declarado política pública prioritaria la promoción y facilitación de la contratación laboral formal en el sector privado.
Un día antes de su posesión también anunció procesos de concesión de tres refinerías, las carreteras, la telefónica estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y otros recursos como los minerales. Además, la venta internacional del Banco del Pacífico.
Aunque la relación con varias organizaciones sociales sigue pendiente de definición y no existe una mayoría legislativa consolidada a favor del Gobierno, hasta ahora, el manejo político del régimen ha detenido la agudización de la inconformidad social de sectores que tienen demandas específicas como el precio de los combustibles, el precio de la caja del banano, y otros.
De acuerdo con una encuesta publicada en agosto por Click Report, el 76,71 % de la población califica la gestión de Lasso como buena y el 23,29 % como mala. En cuanto a la confianza institucional, Lasso se sitúa en el tercer lugar, después de la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), con el 68,82 % que confía mucho, el 18.16 % neutral y el 13,03 % que no confía.
Fuente: El Universo, nota original: LINK
