El pronunciamiento se produce tras haber trascendido el pedido del fiscal general (e) Paúl Pérez, a la CNJ, en relación a la vinculación del exmandatario en el proceso en el que se investiga el supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en agosto del 2012, en Bogotá. «Es importante señalar que el plazo dado por la jueza es de 72 horas; por lo tanto si no se cumple, se incurriría en desacato», apuntó la legisladora Marcela Aguiñaga, al señalar que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, no tiene atribuciones que le corresponden al pleno.
La tarde del lunes 11 de mayo, a través de un comunicado, la presidencia del órgano legislativo señaló que esperaba el ingreso del pedido de la CNJ.
Pero añadía que, «a partir de mayo de 2017, Rafael Correa ya no ejerce las funciones de Presidente de la República, por lo que no aplica el artículo 120 de la Constitución, numeral 10». De esta manera se anticipaba que la justicia no requiere autorización para enjuiciar penalmente a Rafael Correa, puesto que dicha norma constitucional dispone este requisito previo para presidentes en funciones, y no para exmandatarios.
Aguinaga también se refirió al caso del expresidente Jamil Mahuad, que se ha mencionado como antecedente para pedir la vinculación de Correa. «En el año 2000 fue el pleno de la Asamblea Nacional el que conoció y resolvió respecto de no dar paso a una autorización, es decir, porque se declararon no competentes», recordó Aguinaga. «Nuestra posición es que el pleno de la Asamblea Nacional debe conocer el pedido de autorización que ha solicitado la jueza Daniela Camacho (de la CNJ), en torno a estos supuestos delitos que se encuentran investigados en el caso Balda», agregó la legisladora del ala correísta.
Respecto al fuero de corte, Aguinaga señaló que la bancada de Revolución Ciudadana considera que se mantiene al ser una investigación del 2012, cuando Correa se desempeñaba como presidente de la República. La asambleísta dijo que el ala correísta cree que es «evidente la persecución política, una vez más, utilizando el tema judicial». No obstante, rescató la actuación de la jueza que, dijo, está actuando con probidad.
Para Fabricio Villamar, de CREO, Rafael Correa tendrá que enfrentarse con la justicia como un ciudadano común. Sin embargo, consideró que la presidenta de la Asamblea se apresuró al emitir un boletín de prensa con una posición. «En un análisis serio de la Constitución no se requiere la autorización del pleno, pero es el pleno el que debe pronunciarse».
Luis Fernando Torres subrayó que no es necesario el pronunciamiento del Pleno, porque Correa ya no es presidente de la República en funciones. Para José Serrano (Alianza PAIS), la Constitución no habla de presidente o vicepresidente de la República en funciones, sino al que se le esté imputando un delito penal como tal. En este caso el delito supuestamente ocurrió cuando Correa fue presidente.
En torno al caso Balda, Serrano -quien en el gobierno de Correa fue ministro del Interior- dijo que la deportación de exasambleísta de Sociedad Patriótica fue legal. Para el miércoles 13 de junio, los correístas prevén concentrarse en los exteriores de la Asamblea Nacional.
Fuente: El Telégrafo
