La revisión de la Ley de Plusvalía es una prioridad del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Tras las primeras reuniones entre el Gobierno y el sector productivo se resolvió discutir esta norma, aprobada a fines del 2016.
Para la reforma de este cuerpo legal se espera que el Gobierno tome el camino más expedito posible, mencionó Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano e integrante del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Martínez informó que el tratamiento de esta Ley está en la agenda del Comité Ejecutivo del Consejo como tema prioritario.
Por esto, señaló que si el Jefe de Estado quiere enviarla antes de que concluya el plazo para que el Consejo Consultivo termine su trabajo, apoyará el pedido. “Esperamos que la reforma sea lo más rápido posible y con el mecanismo más eficiente”.
Virgilio Hernández, consejero presidencial de Hábitat, expresó ayer que la revisión a esta normativa surgió de los diálogos entre el sector productivo y el Gobierno. Y precisó que el presidente Lenín Moreno se ha manifestado abierto ante este planteamiento.
Sin embargo, Hernández insistió en que se debe mantener el principio de la norma: evitar la especulación de la tierra. Para el funcionario, este es un tema fundamental para desarrollar el proyecto del Gobierno de construir 325 000 viviendas. En función de esto, se revisará las propuestas para optimizar la Ley de Plusvalía. Los representantes del sector de la construcción insisten en la derogación de esa normativa, por los impactos negativos que ha tenido en esta actividad económica.
Además, sostienen que existen ya otras leyes para regular la especulación de tierras. La actividad de la construcción lleva 21 meses consecutivos en decrecimiento, según datos oficiales del Banco Central del Ecuador. Para Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de Construcción del Ecuador, uno de los factores que explica esa evolución es la Ley de Plusvalía, cuya discusión empezó en el 2015 y finalmente fue aprobada en diciembre del año pasado.
Por eso, el gremio cree que la norma debe ser derogada. “No cabe maquillarla, disimularla ni ajustarla”.
