Con ocho votos a favor y dos en contra, la Comisión de Justicia, como resultado de una investigación de cinco meses (abril – agosto), aprobó el informe sobre el caso de las empresas offshore domiciliadas en paraísos fiscales, en que estarían involucradas personas naturales y jurídicas ecuatorianas, así como ex y actuales funcionarios públicos, dando cumplimiento a la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Asamblea

El organismo legislativo analizó la situación del fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga Zambrano, del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, del ex gerente Ejecutivo de la Empresa Pública Petroecuador, Alex Bravo, quien está privado de la libertad por el supuesto delito de tráfico de influencias, y del actual gerente General de la Empresa Pública de Hidrocarburos Petroecuador, Pedro Merizalde y otros funcionarios, además de entidades bancarias, ciertas universidades privadas relacionadas con grupos económicos, que, a su vez, tendrían empresas en paraísos fiscales, algunos identificados con el estudio jurídico Mossack Fonseca.

Mauro Andino indicó que el informe va al CAL, que decidirá si pasa a conocimiento del Pleno y remite también a la Contraloría y al Servicio de Rentas Internas, acogiendo las recomendaciones de implementar exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juramentadas y constatar el pago de tributos, respectivamente. No se imputa a nadie ni se trata de encubrir a nadie, sino que el tema se transparente, agregó.

Mariangel Muñoz consideró que la Superintendencia de Bancos debe verificar la total desinversión de acciones del sistema financiero en paraísos fiscales, acorde al Código Monetario.

Código Administrativo

Por unanimidad (11 votos afirmativos),  previamente, la comisión aprobó el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Administrativo.

El asambleísta Mauro Andino, presidente del ente parlamentario, destacó que por primera vez nuestro país tendría un cuerpo legal que regule las relaciones entre los ciudadanos y las diferentes instituciones del Estado, al precisar que durante muchos años han existido normas dispersas en materia administrativa y cada institución ha actuado a través de resoluciones, disposiciones, acuerdos, generando confusión e incluso falta de seguridad jurídica.

Hoy, se pretende garantizar, con reglas claras, los derechos de la población, que puede reclamar por la prestación de servicios, definir la acción de coactiva y las responsabilidades de los servidores públicos, etc. Esperamos que este importante documento sea resuelto por el Pleno de la Asamblea hasta noviembre, enfatizó.

Mientras, Luis Fernando Torres sugirió que se incorpore elementos del procedimiento administrativo del COOTAD, a fin de precautelar los derechos de los ciudadanos frente a los gobiernos autónomos descentralizados.