Ayer, el pleno del Consejo resolvió inadmitir una solicitud de corrección planteada por Justicia Social, respecto de la inscripción de sus candidatos a parlamentarios andinos, en la que exigían que se les otorgue plazos en «igualdad de condiciones» que las otras organizaciones políticas, que cumplieron esta etapa entre agosto y septiembre pasado.
Los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Luis Verdesoto aprobaron la resolución, se ratificaron en la decisión del 20 de enero último en la que dieron un día al movimiento para que inscriba a sus candidatos. Y, exaltaron que cumplieron con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de dar el plazo para que participen en los comicios.
Hasta el jueves a la medianoche que venció el plazo, Justicia Social no ingresó la documentación de ningún candidato, y al contrario, envió esta solicitud al CNE pidiendo más días. Pero se le negó.
Si la agrupación no interpone un nuevo recurso contencioso ante el TCE hasta este 28 de enero, la resolución administrativa del Consejo quedará en firme. De otra forma, un pronunciamiento del Tribunal podrá tardar hasta 21 días, con los plazos de notificaciones, más los pedidos de aclaración o ampliación, complicando la impresión de papeletas en el Instituto Geográfico Militar (IGM).
Atamaint aspira a que no se presenten más objeciones, y así empezar con la impresión de la papeleta para parlamentarios andinos el viernes; pues ninguna papeleta ha sido impresa y hay un reporte del 0% de avance.
«Si la organización política no interpone recursos sobre esta resolución, tendríamos la posibilidad de que a partir del 29 de enero podamos empezar con la impresión. Si interponen más recursos jurisdiccionales, tendrían que correr plazos que no permitirán cumplir con la impresión», alertó ayer Atamaint.
La autoridad prefirió no adelantar un escenario en el que no se elija a los parlamentarios andinos el 7 de febrero, y quede condicionada para elegir esta dignidad en segunda vuelta, aunque dependiendo de los resultados sobre la elección de presidente y vicepresidente de la República.
Pero además de este litigio, está pendiente otro relacionado también con Justicia Social en la causa numerada 131, sobre la que el juez de primera instancia Joaquín Viteri resolvió que el CNE precise en qué circunscripciones electorales debe cumplirse la democracia interna, inscripción y calificación de candidatos; y que precise de aquellas sobre las cuales solicitó inscripción para su resolución de calificación.
Justicia Social exige que se permita la inscripción de «todas» las candidaturas para sus elecciones, por lo que apeló a este fallo.
Atamaint recusó a los jueces que iban a integrar el pleno para resolver esta causa en segunda instancia.
El pleno del Tribunal, integrado por jueces suplentes, aceptó la recusación y separó del conocimiento de este proceso a Ángel Torres, Guillermo Ortega y Patricio Maldonado. Y la negó en contra de la jueza Patricia Guaicha. Con ello, se integrará un nuevo pleno.
Este movimiento pretende inscribir como su candidato presidencial al empresario y político, Álvaro Noboa, quien en un video difundido en sus redes sociales anticipó que el fallo en la causa 131 estará listo el 30 de enero; y aseguró que participará en los comicios nacionales y ganará la Presidencia en primera vuelta.
Esto, mientras el IGM avanzó hasta ayer en la impresión del 74,5% de las papeletas de binomio presidencial, que corresponde a 9’764.000, de 13’107.457 que se requirieron para la primera vuelta.
Esta papeleta se volvió a reimprimir, después de la equivocación del CNE en la identificación del logotipo del movimiento Amigo, en cuyo lugar se escribió Mejor Ec.
Atamaint dijo ayer que el contrato complementario, que se suscribió para la impresión de los nuevos documentos, ascendió a los $ 401.101.
Informó también que después de las votaciones, el escrutinio y difusión de resultados empezará con la papeleta de binomio presidencial.
Nota Original: El Universo – LINK
