Quince buses interprovinciales fueron retenidos por las autoridades de tránsito la mañana de ayer, en la Terminal Terrestre de Quitumbe, al sur de Quito, durante el primer día del feriado de Semana Santa.
En este caso las unidades no pasaron la revisión técnica, pues los miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) verificaron que los automotores tenían fallas mecánicas.
La AMT intensificó los operativos en las terminales del norte y sur de la ciudad. “Cada bus debe pasar la revisión mecánica, mientras que los conductores deben realizar la prueba del alcohochek y contar con toda la documentación en orden”, señaló Henry Urgiles, del área de Fiscalización de la AMT.
Además, indicó que el control a las unidades se realiza antes de salir de las estaciones y también en las principales autopistas del distrito. “Revisamos que no excedan el número de pasajeros y que no rompan los sellos de seguridad”.
Según datos de la AMT, la terminal de Quitumbe, durante feriados, recibe cerca de 53.000 usuarios, cuyos destinos predilectos son las provincias de la Costa y Sierra central.
Lucrecia Alba, de 54 años, quien viaja a Guayaquil junto a sus nietos, dijo sentirse segura, pues en la terminal nota la presencia de agentes de la Policía Nacional y de la AMT, quienes revisaban minuciosamente las unidades interprovinciales.
Controles a escala nacional
Desde la noche del jueves, personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) efectuó controles en distintas terminales a escala nacional. Más de 8.000 personas realizan este trabajo.
Brigadistas de la ANT verificaron el cobro a grupos prioritarios de la tercera edad, personas con discapacidad y menores de edad. También se aseguraron de que los pasajeros se coloquen los cinturones de seguridad y que los conductores tengan las cámaras de vigilancia en funcionamiento.
Paúl Granda, titular del MTOP, y Pablo Calle, director ejecutivo de la ANT, recorrieron la av. Panamericana Norte y Sur. Los funcionarios verificaron que se cumplan los controles a vehículos particulares y a unidades de transporte interprovincial. Granda mencionó que existe mayor cuidado en las medidas de seguridad en las vías y en el transporte público.
Aseguró que los controles se efectuarán de manera permanente, puesto que el índice de accidentabilidad se redujo, mas no la violencia de los percances viales. Pablo Calle recalcó que las 422 operadoras de transporte tendrán 30 días para reactivar y dar mantenimiento a sus unidades. El funcionario indicó que se han invertido $ 120 millones en los 9.000 kits de seguridad que serán colocados, hasta finales de año, en todas las unidades.
Explicó que la próxima semana el Ministro de Obras Públicas se reunirá con los alcaldes que tienen la competencia de tránsito para mantener una coordinación permanente en las vías. Invitó a la ciudadanía a denunciar irregularidades en las unidades de transporte. Dijo que la seguridad en las vías debe ser un trabajo mancomunado.
Abad: En solo un 50% se ha cumplido Ley de tránsito
Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en los meses de enero y febrero de 2018 se contabilizaron 347 personas fallecidas y 3.106 personas con algún tipo de lesión a causa de accidentes de tránsito.
En entrevista con la agencia Andes, el presidente de la ONG Justicia Vial, Guillermo Abad, dijo que “el siniestro de tránsito es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley”. Agregó que esto se ve potenciado con la impericia o imprudencia del usuario de la vía, que es el detonante final para un accidente. A su criterio, una forma de corregir esta problemática es aplicar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Cree que la ley se ha cumplido apenas en un 50%. Y apunta a las autoridades que han dirigido la ANT en los últimos 10 años, quienes “prácticamente desobedecieron la normativa y estimularon su incumplimiento” con reformas legales que eliminaban la obligatoriedad del curso para obtener una licencia no profesional, un “retroceso de 30 años”, en el país.
Abad considera una “aberración” no controlar a las escuelas de conducción, bajar los cursos de dos años a uno, luego a seis meses y terminar con intensivos de fin de semana para tener un título profesional de conductor.
