Posso indicó que existen dos posturas principales: una más radical, que propone eliminar todo tipo de financiamiento estatal, y otra que busca evitar que se afecte una agenda igualitaria, con el objetivo de estandarizar las posibilidades de los ciudadanos, independientemente de que cuenten con recursos o no. En este sentido, aseguró que será necesario investigar, analizar e invitar a todos los actores involucrados, tanto los que se verían afectados como los que se beneficiarían de esta reforma, con el fin de alcanzar un consenso que favorezca la estabilidad del país.
La presidenta de la Comisión también mencionó que, aunque actualmente existe una norma que establece la devolución de los recursos públicos invertidos cuando un candidato no alcanza el porcentaje estimado en dos ocasiones, no se ha ejercido un control adecuado sobre el gasto público en las campañas electorales.
En este contexto, Posso destacó que, en lugar de promover una reforma constitucional para eliminar el financiamiento a aquellos que ven las candidaturas como un negocio, la solución podría estar en revisar el trabajo de los órganos de control y supervisión, para asegurar que cumplan con su función de manera más efectiva.
Finalmente, subrayó que tanto la Contraloría General del Estado como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral deberán acudir a la Comisión para informar sobre las acciones que han tomado en cuanto al ámbito de control y las medidas que se están implementando para mejorar la fiscalización.
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