Para el director del programa Orden, Conflicto, y Violencia, Luis Córdova, es necesario diferenciar entre la cooperación internacional en materia de seguridad y el ingreso de tropas de fuerzas especiales en territorio ecuatoriano. Recordó que desde el gobierno de Guillermo Lasso ya existían acuerdos militares con Estados Unidos en los que se establecía la posibilidad de participación directa de personal civil y militar en el país.
Por ello, enfatizó que debería consultarse sobre la labor de la canciller Gabriela Sommerfeld y sus esfuerzos por ampliar el marco de cooperantes y ayuda externa de otros países. Precisó que, a esto, deben sumarse políticas públicas para abordar la crisis de inseguridad con personal capacitado para la toma de decisiones.
Córdova señaló que, en lugar de plantear iniciativas de este tipo, el Gobierno debería gestionar una agenda de cooperación regional para pedir a Estados Unidos que cambie los términos de discusión en torno a las drogas. Esto, debido a que desde Washington se considera únicamente la oferta de sustancias sujetas a fiscalización, en lugar del principal problema en su territorio: las adicciones.
“Esta guerra para Estados Unidos es una guerra sin fin, porque es un motor económico de su propio sistema”, dijo.
Indicó que, si bien el gobierno de Daniel Noboa y otros países, han centrado su mirada en el tráfico de drogas como el principal eje de la criminalidad, existen otras fuentes que fortalecen la economía ilícita de otras organizaciones. Una de ellas, según dijo, la minería ilegal.
Córdova recordó que, incluso, existen estructuras de lavado de activos que no precisamente están vinculadas a actividades de narcotráfico, algo que tampoco ha sido controlado por el Gobierno.
“Es fundamental desmoralizar y desnarcotizar nuestra percepción sobre la inseguridad. Hay problemas mucho más serios”, enfatizó.
El director del programa Orden, Conflicto, y Violencia señaló que otro problema en términos de seguridad es la infiltración del crimen organizado en las Fuerzas del Orden. Precisó que entre 2017 y 2024, más de 700 militares fueron procesados por distintos delitos. Esto, debido a un diseño institucional que “permite la reproducción de patrones de corrupción”.
“Queremos combatir a los criminales y resulta que tenemos narcogenerales y narcocoroneles”, sostuvo.
Por ello, insistió en la importancia de la cooperación internacional para promover modelos de rendición de cuentas que permitan depurar a las Fuerzas de Seguridad de manera eficiente.
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