Lula, por medio de un comunicado, calificó la denuncia presentada por el fiscal como «ofensiva e inaceptable» y como una «anticipación de juicio».
El exmandatario señaló que la denuncia «indica solo suposiciones e hipótesis sin cualquier valor de prueba» y se basa «únicamente en la palabra de un criminal», en alusión al senador Delcidio do Amaral, quien implicó a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y a Lula en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras.
Con base en esas denuncias, que Amaral realizó en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia para la reducción de su condena, la Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que investigue a Lula, a tres ministros del gabinete de Rousseff y otros 27 políticos.
Los ministros implicados son los titulares de la Secretaría de la Presidencia, Ricardo Berzoni; de Información, Edinho Silva; y al jefe de gabinete de la Presidencia, Jaques Wagner.
En su respuesta, Lula reiteró que «no teme las investigaciones», que siempre ha colaborado con la Justicia y recalcó que «no participó ni directa ni indirectamente de cualquiera de los hechos investigados» en relación al caso de corrupción en la estatal Petrobras.
En la solicitud de la investigación, Janot destaca que «en el ámbito de los miembros» del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) hay nuevos elementos que demuestran que la «organización criminal» que actuó en Petrobras «tuvo un alcance más amplio de lo que se imaginaba» y «con una enorme concentración de poder de los jefes de la organización».
Señaló además que la «organización criminal» que desvió dinero de la petrolera estatal «jamás» podría haber funcionado por tanto tiempo y de «una forma tan amplia y agresiva» en el ámbito del Gobierno federal «sin la participación del expresidente Lula».
Lula ya era blanco de dos investigaciones por corrupción y lavado de dinero en tribunales comunes y, si el Supremo acepta el pedido del fiscal, pasará también a ser investigado por la máxima corte del país.
La solicitación de Janot supuso un nuevo jarro de agua fría para Rousseff, que hoy recibió la antorcha olímpica sin saber si estará al frente del Gobierno durante la apertura de los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados en Río de Janeiro el próximo 5 de agosto.
En su lugar podría estar el vicepresidente, Michel Temer, ahora un declarado adversario de Rousseff, pero quien, al igual que la mandataria, ha visto a su círculo político ser cercado por la Justicia.
