Luis Fernando Torres, asambleísta por Cambio-PSC, en entrevista en Notimundo a la Carta, señaló que, extraoficialmente, se conoce que en la nueva propuesta de enmiendas constitucionales, anunciadas por el presidente de la República, Rafael Correa, se reconocería el derecho del Estado a cobrar tributos por plusvalía, cuando este realice obras de tipo urbanístico.

<iframe width=»100%» height=»450″ scrolling=»no» frameborder=»no» src=»https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/236846810&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true»></iframe>

Luis Fernando Torres, asambleísta por Cambio-PSC, en entrevista en Notimundo a la Carta, señaló que, extraoficialmente, se conoce que en la nueva propuesta de enmiendas constitucionales, anunciadas por el presidente de la República, Rafael Correa, se reconocería el derecho del Estado a cobrar tributos por plusvalía, cuando este realice obras de tipo urbanístico. Además, que se establecerían mayores controles estatales a municipios sobre uso de suelo y, también, harían desaparecer a las cortes provinciales de justicia para sustituirlas por cortes distritales. «Estas primeras propuestas que han trascendido, no podrían tramitarse como enmiendas porque básicamente son reformas. Y, si a ello le añadimos que buscan modificar el tema relacionado con los saberes ancestrales vinculados a la propiedad intelectual, el camino es el de una Asamblea Constituyente», afirmó.

Torres señaló, además, que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra las enmiendas aprobadas la semana anterior en el Pleno de la Asamblea Nacional porque adolecen de legitimidad y constituyen un fraude a la Constitución. «Existen suficientes razones para demandar su inconstitucionalidad. Presentaré una demanda de inconstitucionalidad por la forma en que los textos fueron cambiados, entre el primero y segundo debate», afirmó el legislador, quien indicó que, según encuestas especializadas, la propuesta aprobada el pasado 3 diciembre solo interesa al 19% de ciudadanos, mientras que el 53% nada sabe sobre ellas y el 28% sabe muy poco.