Para esta semana se espera el cumplimiento de resolución de la Procuraduría General del Estado, para que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) devuelva los $ 41 millones que cobró en exceso al Ministerio del Ambiente, por la compraventa de los terrenos para la construcción del Parque Samanes. Así lo manifestó ayer el ministro del Ambiente, Daniel Ortega, al señalar que el pronunciamiento del Procurador General del Estado fue la primera instancia de control que estudió la compra de los citados terrenos y que dicho informe tendrá que sopesar el pronunciamiento inicial realizado hace varios días por la Contraloría.
“Esperamos que esta semana ya podamos tener una concreción al respecto, sin perjuicio de que se puedan rectificar los actos legales y de que las instancias de control determinen las personas involucradas en toda la situación”, manifestó el secretario de Estado. En declaraciones a una emisora de la capital, Ortega expresó que no se trata de una o dos personas, sino de todo un sistema que falló, incluso en el control interno.
“Se tiene que identificar a las personas, mandos medios, mandos superiores; la Contraloría lo definirá y el grado de responsabilidad que tendrá cada uno sobre este hecho”. Respecto del informe del Procurador, reiteró que tiene una base jurídica y es bien detallado, pues explica la inobservancia de la ley y señala que se debía rectificar este acto, a través de 2 aspectos, como son: un contrato de compraventa modificada y los fondos entregados al Issfa. Por ese motivo, el pasado viernes, el ministerio solicitó a la nueva directiva del Issfa que tome las decisiones para beneficio de la ciudadanía. Recordó que sí tuvieron reuniones con la directiva anterior, la cual sostenía que la negociación se había realizado a través del precio acordado. Luego comenzó todo un debate nacional respecto a si había o no alguna afectación a los afiliados al Issfa, pero que luego se demostró que no había tal situación ni tampoco al patrimonio de la institución.
Con este antecedente, recalcó que la acción ya está tomada desde el Gobierno Nacional, para que se realice el respectivo cruce de cuentas. De esa acción está a cargo el Ministerio de Finanzas. Para ayer estaba prevista una reunión con autoridades de esa cartera de Estado, con la finalidad de que la asignación referida no sea entregada al Issfa, sino que vaya directamente para el Parque Samanes.
El Procurador General de la República emitió un pronunciamiento el pasado 18 de noviembre, a través del cual solicitaba a las autoridades del ministerio y del Issfa que procedieran “a la rectificación y/o modificación de los actos que sean necesarios, así como del contrato de compraventa, para calcular la diferencia pagada en exceso al haber considerado un avalúo predial distinto al que la ley y el reglamento aplicable preveían”. La Contraloría del Estado realizó un examen especial al contrato de la compra del terreno en Samanes y su informe final será de cumplimiento obligatorio para las partes.
