Por ello, este 21 de mayo, los maestros que se hallaban en huelga de hambre desde el 3 de este mes tanto en Quito como en Guayaquil levantaron la medida de hecho; durante estos 19 días, además, realizaron cierres de vías y crucifixiones y desangramientos simbólicos.
En un comunicado, la Corte informó que, por un lado, los textos objetados en el veto presidencial eliminaban las disposiciones que otorgaban beneficios de jubilación a los maestros; y, por otro, modificaban las disposiciones sobre mejoras salariales a los maestros, reduciéndolas aproximadamente en un 75 %, para equiparar sus remuneraciones con la generalidad de funcionarios públicos.
Del segundo, el organismo constató que, antes de su aprobación y de manera razonablemente aceptable, se realizó un análisis de factibilidad financiera que evaluó su impacto en las finanzas públicas e identificó las fuentes para su financiamiento, sin que la Corte –por su naturaleza– deba comprobar la corrección técnica de las previsiones efectuadas por la Asamblea.
En tanto, en un boletín emitido este 21 de mayo, el Parlamento indicó que el artículo 139 de la Constitución determina que “si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su publicación” y con ellos las reformas tendrán plena vigencia en beneficio de los maestros.
Vargas señaló que el ajuste salarial para los maestros entrará en vigor en 180 días, según lo que determina la ley; es decir, ya se aplicará en el próximo ejercicio fiscal. Según los informes que se debatieron en la Asamblea, el impacto fiscal será de unos $ 500 millones.
Y que seguirán vigilando que el régimen atienda al sector de la educación en lo que respecta al presupuesto que establece la Constitución.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
