La protesta, organizada por la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, inició en el céntrico Hemiciclo a Juárez para llegar al Senado, donde se encuentran las cuatro comisiones que van a dictaminar la Ley general para luchar contra las desapariciones.
Una norma que no satisface a las asociaciones, ya que «habla indistintamente de personas no localizadas, extraviadas o desaparecidas», y no reconoce la gravedad de la situación, afirmó a Efe Nadín Reyes Maldonado, del comité de familiares de detenidos desaparecidos Hasta encontrarlos.
«Una ley que erradique la problemática en el país tiene que ser claramente definida como desaparición forzada», dice Reyes, cuyo padre fue desaparecido hace ya casi nueve años en el sureño estado de Oaxaca en una acción en la que estuvieron involucrados, asegura, policías y militares.
Una pancarta con el texto «Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país» abrió la marcha, en la que voceros de distintas organizaciones hicieron referencia a que en México hay más de 27.000 personas desaparecidas, aunque esta cifra oficial se puede quedar corta porque hay quienes no denuncian por intimidación.
La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, respalda por 274 agrupaciones, presentó en septiembre al Senado una iniciativa propia que pide que las organizaciones de la sociedad civil sean incluidas en las comisiones que redactan el texto final sobre desapariciones.
«No se tomó en consideración a las organizaciones sociales de desaparecidos, ni las indígenas (…) lo están haciendo por sí mismos, eso es dejar de lado a la sociedad», aportó a Efe durante el recorrido Carlos Vallejo, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
El Gobierno pone «muchas trabas para poder comprobar el hecho de que haya una desaparición forzada», lo que además exige «esperar un determinado tiempo», denunció.
En la actualidad, las autoridades piden un margen de 72 horas para que se inicie una investigación por desaparición, lo que las asociaciones ven como un «tiempo perdido».
El proyecto de ley que propuso el Ejecutivo y sobre el que trabajan los senadores, subrayó Reyes, «deja fuera a agentes militares, grupos de fuerzas armadas que están cometiendo desaparición», ya que solo se refiere a «servidores públicos».
Durante el recorrido proliferaron los carteles que piden la «presentación» de los desaparecidos, así como las tradicionales consignas como «porque vivos se los llevaron, vivos los queremos».
Abraham Girón Luna, procedente del sureño estado de Chiapas, llegó a la manifestación con un grupo del Movimiento de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, para pedir «justicia» por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
El caso, que dio visibilidad internacional al problema de los desaparecidos en el país, «se ha olvidado», por lo que es necesario seguir apoyando la lucha para que situaciones similares «no sigan sucediendo», señaló.
Al respecto, «el Estado mexicano ha tenido muy poca voluntad política para resolver la situación» y, en vez de acatar y seguir las recomendaciones remitidas por organizaciones internacionales, «se ha encargado más bien de desmentirlas» y a atacar a estas instancias, lamentó Reyes.
