La línea de tiempo de la nulidad
El 1 de julio, ingresó la carta de una postulante que pedía ser recibida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, al presuntamente existir irregularidades en la calificación de ciertos postulantes. Cuatro días más tarde, la Dirección General dispuso el archivo del trámite.
Desde el 8 de julio hasta el 16 de septiembre, cuando Mario Godoy entró a sus funciones como presidente del Consejo, ingresó una nueva solicitud de la aspirante para estar presente en una sesión del organismo.
De acuerdo con Godoy, desde el 16 de septiembre hasta el 4 de octubre, servidores de la Dirección General “escondieron” el trámite, y el actual titular de la institución remitió el pedido a las áreas técnicas para procesar la información planteada por Mayté Benítez.
Detalló que, el 28 de octubre, se informó por parte de la Dirección de la Escuela de la Función Judicial que se pretendió acceder de manera ilegítima a la base de datos del concurso. Posteriormente, estas acciones fueron comunicadas a la Dirección de Transparencia.
“Ocultan y esconden información”, dijo.
Por ello, insistió en que las afectaciones del concurso se dieron en las fases de méritos y de las pruebas de confianza, por la que anteriormente se declaró la nulidad parcial del proceso.
Ahora, Godoy adelantó que, en menos de dos semanas, se presentará una hoja de ruta preliminar para arrancar un nuevo proceso de designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
La Función Judicial en emergencia
La falta de recursos, equipos, medios tecnológicos obsoletos y la imagen deficiente del sistema judicial a propósito de casos penales insignes de la Fiscalía son, según Godoy, motivos para declarar en emergencia a la Función Judicial.
Explicó que, todos los servidores judiciales deberían someterse a una evaluación más allá del campo administrativo y profesional, sino analizar irregularidades en el patrimonio de los funcionarios.
“El tema de analizar y declarar en emergencia, significa estudiar cómo se encuentra el marco de la gestión procesal”, sostuvo.
Godoy recordó que es el Ejecutivo, el que a través del Ministerio de Finanzas será el encargado de la asignación presupuestaria en el caso de declarar la emergencia en la Función Judicial.
Por otro lado, precisó que “la sombra” de exvocales procesados como Wilman Terán, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, afecta a la imagen del Consejo de la Judicatura, quien es el llamado a conseguir la mayor garantía de transparencia y probidad en la Corte Nacional de Justicia.
Adelantó que, desde el Consejo, se lanzó un proceso de contratación para la una normativa antisoborno en procesos de control disciplinario y sorteos de causas. Agregó que, además, se busca potenciar el trabajo de la Dirección de Transparencia para mejorar su gestión con la UAFE, el SRI y el Ministerio del Interior para evitar la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial.
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