La medida de presión comenzó a medianoche coincidiendo con la celebración del Día Nacional de Solidaridad con los Presos Palestinos, que se celebra cada 17 de abril desde 1974, con el fin de exigir el aumento del régimen de visitas, el fin del aislamiento y de las detenciones administrativas (sin cargos ni juicio y renovables indefinidamente).
El portavoz de la Comisión de Asuntos de los Prisioneros y Exprisioneros de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Akram Atalah Alayasa, confirmó a Efe que se han unido presos de las cárceles de Gilboa, Hadarim y Neguev, en Israel, y también de Ofra, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.
Alayasa aseguró que los funcionarios israelíes han comenzado a aislar a quienes participan en la huelga.
El Ministerio de Sanidad Pública de Israel se ha coordinado con la Policía y el Servicio de Prisiones para preparar la asistencia «ante cualquier escenario».
Su titular, Guilad Erdán, ha ordenado el establecimiento de hospitales militares para que los presos no sean transferidos a centros públicos, donde los doctores se han negado en el pasado a alimentarlos a la fuerza, pese a la decisión del Tribunal Supremo, que lo consideró constitucional.
Esta polémica medida fue aplicada por primera vez en 2016 al periodista palestino Mohamed al Qeiq, tras casi dos meses en huelga de hambre en protesta por su detención administrativa, en virtud de la ley de alimentación forzosa aprobada en 2015 por el Parlamento israelí (Knéset).
Alayasa no cree que esto suceda en los primeros días y espera que los abogados de su organización comiencen a visitar a los reos hoy mismo.
El hecho de que la convocatoria de la huelga proceda de Barguti, en el que muchos ven al sucesor del presidente palestino, Mahmud Abás, -a pesar de que cumple en prisión cinco cadenas perpetuas por su participación en la Segunda Intifada- hace prever que pueda ser más firme y duradera que las iniciadas por presos individuales y luego secundadas por otros.
Aunque es un líder de Fatah (se alzó con el mayor número de votos para el Consejo Central en el último congreso), también se han sumado a la protesta masiva otras facciones, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y los islamistas Hamás y Yihad Islámica.
El primer ministro de la ANP, Rami Hamdala, también declaró su apoyo a la huelga por «las necesidades y derechos básicos de los prisioneros» y para «poner fin a la detención administrativa arbitraria, la tortura, los malos tratos, juicios injustos, detención de los niños, negligencia médica, aislamiento, trato inhumano y degradante y la privación de derechos básicos como las visitas familiares y el derecho a la educación».
Según cifras de la ANP, unos 6.500 palestinos están detenidos por Israel, incluidos 300 menores, 12 parlamentarios y 28 periodistas.
Organizaciones de defensa de los encarcelados, como Adamir y el Club de Prisioneros Palestinos, aseguran que 1.500 reos se encuentran en malas condiciones de salud y reciben tratamiento médico insuficiente.
Erdan declaró que la huelga «está convocada por motivaciones internas palestinas e incluye demandas irracionales», según el digital israelí Ynet.
Los prisioneros piden volver a las dos visitas mensuales que el año pasado redujo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que opera como «mediador neutral» para garantizar los derechos de los prisioneros.
El portavoz de este organismo, Jesús Serrano, manifestó a Efe que «entiende la preocupación y ansiedad de los familiares» y se sentarán con los interlocutores palestinos para planificar un aumento de las visitas y de los medios así como seguir de cerca los derechos de los detenidos a la protesta pacífica y sus condiciones de salud.
El pasado año, hasta 500 prisioneros iniciaron una huelga de hambre en agosto, una medida recurrente entre los palestinos para exigir mejoras de su situación.
La lista de demandas incluye también ampliar el tiempo de visitas de 45 minutos a una hora, la mejora del acceso a la asistencia médica, que se permitan los encuentros con los familiares de segundo grado y se termine con el traslado de detenidos en Cisjordania a territorio israelí.
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que esta transferencia viola la Cuarta Convención de Ginebra ya que los detenidos en territorio ocupado no pueden ser trasladados a territorio de la potencia ocupante.
