El OVP en su informe distingue las cárceles venezolanas en dos grupos, uno que es el sistema nacional, dirigido por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que agrupa las penitenciarias y centros de máxima seguridad, y en otro grupo incluye a las comisarias y calabozos policiales controlados por autoridades municipales o regionales.
En su informe la ONG venezolana, que se ha dedicado al seguimiento del sistema carcelario venezolano, denunció un hacinamiento de 153 % en el servicio penitenciario, con una población interna cuatro veces superior a la capacidad instalada en el país, que asegura es de 35.562 reclusos.
El coordinador general del OVP, Humberto Prado, explicó a Efe que estas condiciones de hacinamiento han aportado al deterioro de las condiciones de salud y seguridad de la población carcelaria.
Asegura que en los penales venezolanos al menos 49 % de la población padece enfermedades de la piel, otro 21 % enfermedades respiratorias, y solo 30 % tiene salud plena.
Mientras que los calabozos policiales, donde existen los mayores problemas de hacinamiento, han superado «más de 10,3 (veces) el límite inferior del hacinamiento crítico».
De acuerdo a estos datos, los calabozos policiales, tanto nacionales como municipales, con una capacidad de 8.000 reclusos, albergan a aproximadamente 33.000 personas, lo que representa un hacinamiento de 412 %.
Prado sostiene que «72 % de las personas detenidas en calabozos tienen enfermedades dermatológicas, y un 18 % enfermedades respiratorias».
El OVP ha registrado en los calabozos diez muertes por desnutrición en 2016 a causa de la falta de alimentos, y porque, según Prado, los reclusos «se dejan morir» para evadir las difíciles condiciones de los calabozos.
Dentro de los datos de la violencia de estos calabozos la ONG asegura haber registrado tres casos de «canibalismo», usado como un método de castigo de los propios reclusos.
