La decisión obedece a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 2019 en la que se determinó que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar en virtud del principio de presunción de inocencia.
“Con esta propuesta se contribuye a la promoción, respeto, protección y garantía de derecho al voto de las personas en prisión preventiva y en consecuencia se fortalece el ejercicio a sus derechos humanos”, dijo el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Para las elecciones de este 2024, el INE contempla que 31.121 personas en reclusorios federales y estatales del país voten de manera anticipada del 6 al 20 de mayo con distintos protocolos de seguridad, informó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La autoridad electoral llevó una serie de pruebas piloto para garantizar la realización de este ejercicio en 282 centros penitenciarios del país.
Rodríguez detalló que la totalidad de los reclusos en prisión preventiva (88.345) fueron notificados e invitados para participar en el proceso electoral y el 13% cumplió con el requisito de incorporarse a un listado nominal de prisión preventiva.
Algunos estados del país tienen legislado el derecho al voto para las personas en prisión preventiva. En el caso de Ciudad de México los reclusos también podrán votar para la jefatura de gobierno, diputaciones y alcaldías, en Chiapas por gobernador, municipios y alcaldías y en Hidalgo por gobiernos municipales.
Según el INE, se instalarán mesas receptoras de voto en los centros penitenciarios y se entregarán sobres con las boletas para las elecciones federales y locales. El escrutinio y cómputo de la votación se llevará a cabo en las mesas aprobadas por los consejos distritales. La incorporación de resultados a los sistemas electorales los realizará el instituto y los organismos públicos locales conforme al tipo de elección.
El camino para garantizar el derecho al voto en prisión
El artículo 38 de la Constitución establece que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, “por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a partir de la emisión del auto de formal prisión”.
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En 2018, dos personas de origen tsotsil privadas de la libertad en Chiapas solicitaron participar en las elecciones federales de ese año bajo el argumento de que no tenían sentencia, por lo que su inocencia no había sido desacreditada, según el Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión.
Un año después, el TEPJF resolvió a su favor, marcando un precedente para reconocer el derecho al voto de personas en prisión sin una sentencia fija. Además, se ordenó diseñar e implementar programas para garantizar el derecho al voto a personas en prisión preventiva a partir de las elecciones federales de 2024.
Con esta decisión, México se suma a una larga lista de países que garantizan el derecho al voto de personas privadas de la libertad como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Alemania, Italia, entre otros.
El Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión señala que un componente fundamental para el proceso de reinserción social de personas privadas de la libertad es la participación cívica.
“Respetar y garantizar tal derecho representa un avance significativo, en términos de la progresividad de los derechos humanos y, a la par, contribuye a la deconstrucción de las concepciones añejas y ajenas al enfoque de derechos humanos, que aún permean respecto a la privación de libertad y la población que reside en los centros penitenciarios”, dijo en 2022 Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
