La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a representantes de la Cámara de Ia Industria de la Construcción y del Colegio de Arquitectos de Pichincha, para receptar más criterios en torno al proyecto de Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos. La próxima semana escuchará a otros sectores, antes de elaborar el informe para primer debate. El presidente de la mesa, Richard Calderón, aclaró que se están buscando mecanismos para desincentivar la especulación de la tierra.
El lunes, 12 de diciembre, a las 15:00, continuará la sesión para recibir al ministro de Minería, Javier Córdova; al director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando; al presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Enrique Pita; y, a un representante de la Federación Nacional de la Cámara de la Construcción.
En el debate de hoy la asambleísta Liliana Guzmán puntualizó que con el proyecto, “no estamos hablando de plusvalía”, sino de un impuesto sobre el valor especulativo. Los dos son diferentes. Según el documento en el artículo 561 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) se crea una sección, la XII, en el Capítulo II, Título IX, denominada “Impuesto sobre el Valor Especulativo del Suelo en la Transferencia de Bienes Inmuebles”, en el que se desarrolla, entre otros elementos, el objeto imponible, sujeto activo, hecho generador, ganancia ordinaria, ganancia extraordinaria, exenciones, tarifas y destinos.
En tanto, Richard Calderón explicó que no habrá doble tributación y que eso se aclara en la disposición transitoria primera del proyecto. Ahí se determina que el impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía, previsto en la sección XI, del Capítulo II, Título IX, del COOTAD, gravará hasta la primera transferencia de los bienes que hayan sido adquiridos con anterioridad a la promulgación de la nueva ley.
“Necesitamos debatir porque algo pasa en las ciudades, en donde un bien cuesta un valor en un sector y a pocas cuadras tiene un incremento excesivo. Hay consecuencias sociales: hace que el derecho a la vivienda y a la ciudad sea restringida a gran parte del pueblo”, agregó Alexandra Ocles. “Necesitamos establecer un punto de equilibrio para recuperar la inversión del Estado. Se tienen que compartir los beneficios”, acotó René Caza.
Estos pronunciamientos los realizaron después de escuchar a Siverio Durán, de la Cámara de la Industria de la Construcción, y Alberto Andino, del Colegio de Arquitectos de Pichincha. El primero consideró que por el momento económico del país no es oportuno y el otro dijo que se desestimula la inversión en el sector inmobiliario.
Durán pidió que se construya un proyecto con tranquilidad, con la participación de algunos sectores. Pero, Richard Calderón recordó que el proyecto se lo ha venido debatiendo en todo este tiempo. Dijo que incluso se lo debatió en el Hábitat III, en donde se estableció que los Estados deben fijar herramientas para buscar el plusvalor e invertir en zonas donde no cuentan con servicios básicos.
Afirmó que se calcula que en Quito existen más de 50 mil predios vacíos, dotados de todos los servicios básicos, pero que por la especulación no se ha construido. Tenemos esa riqueza social, pero la ciudad se expande horizontalmente, afectando incluso la frontera agrícola, advirtió. Liliana Guzmán, René Caza y Richard Calderón aclararon que en el proyecto hay excepciones y que en una de ellas se encuentran las personas del mercado inmobiliario.
