El funcionario no dio declaraciones a los medios de comunicación. Su ingreso fue directo a la oficina del fiscal, quien dio espacio para hacer tomas de paso. La convocatoria fue establecida por Salazar a las 14:00. Hasta las 15:40 el alcalde continuaba dando su versión. Se estima que el procedimiento dure 45 minutos más.
Esta diligencia se lleva a cabo dentro de la instrucción fiscal por presunto delito de asociación ilícita, concusión y enriquecimiento privado no justificado en contra de Sergio G. y Eddy S. (concejales del Distrito Metropolitano de Quito), así como Xavier V., Fausto M., Segundo S., Andrea F., Rubén L., altos funcionarios allegados al Cabildo, y Mónica G., quien habría participado como nexo entre integrantes de cooperativas de transporte. El pasado 20 de abril se efectuó la audiencia de formulación de cargos.
María de los Ángeles Montalvo, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dictó medidas cautelares a los involucrados, como la prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente en la Unidad de Flagrancia y usar un dispositivo electrónico.
Además, dispuso la retención de sus cuentas y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles. En dicha diligencia, Salazar presentó varios elementos de convicción, entre ellos las conversaciones telefónicas a través de las cuales los presuntos involucrados fijaban puntos de encuentro para receptar dinero que provendrían de ayuda a taxistas y buseros para obtener permisos.
El fiscal añadió, como parte de las pruebas, que dos de los procesados habrían intercambiado $ 18 mil en algún momento.
Fuente: El Telégrafo
