Existían estructuras para delinquir dentro de la Contraloría, aseguró el titular de la institución. Torres indicó que, existen alrededor de 3.000 informes caducados que implican “cientos de millones de dólares” de perjuicio para el Estado.
De momento, 26 servidores de la Contraloría tienen una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado, y 38 de ellos tienen procesos por régimen disciplinario. De esta cifra, entre 8 a 10 de dichos trabajadores aún permanecen en funciones.
Por otro lado, se refirió a un grupo de auditores de la institución que “extorsionaban” y “vacunaban” a terceros para modificar informes, a cambio de entre USD 5.000 y USD 10.000.
Entre los delitos cometidos por funcionarios de la Contraloría, constan posibles tráficos de influencias y peculado, según Torres.
El contralor general del Estado confía en que, durante su gestión, se pueda “sanear” a la institución, que, según su criterio, era utilizada como una herramienta de persecución.
