La decisión fue resultado de un acuerdo entre los representantes de los poderes públicos -excepto el Legislativo- convocados por Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) corrigió las sentencias 155 y 156 que tratan sobre la inmunidad parlamentaria y las funciones de la Asamblea Nacional (AN). “Se aclara de oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria.
Se suprime dicho contenido”, decía un comunicado emitido por el TSJ en su página web. Por otro lado, se revirtió la decisión de asumir las funciones de la Asamblea, alegando que se encontraba en ‘desacato’ a sus fallos, y del otro anuló los poderes que había otorgado a Maduro para revisar la legislación sobre delincuencia organizada y terrorismo. La corte había justificado esos poderes en el estatus de desacato en que declaró al Parlamento hace más de un año, y ante la posibilidad de que en el país se estuvieran cometiendo “delitos militares”.
Las cabezas de los poderes públicos -agrupados en el llamado Consejo de Defensa de la Nación- acordaron “exhortar” al TSJ a “revisar” los fallos para “mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes”, según un comunicado.
Fueron convocados por Nicolás Maduro para zanjar diferencias luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, denunciara el viernes que los fallos del TSJ suponían una “ruptura del orden constitucional”.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, se negó a acudir alegando que Maduro es “responsable del quebrantamiento del orden constitucional” y no podía “pretender ahora ser mediador”.
Borges dijo el anterior viernes que la voz crítica de la fiscal demostraba que el gobierno está fracturado, e instó a la Fuerza Armada y a los demás poderes a emularla.
A la cita no concurrió Ortega, pero, según Maduro, hubo “conversaciones” con ella durante el consejo.
El vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, temprano había rechazado el acuerdo cuando aún no se conocían las modificaciones a los fallos.
“Una revisión de la sentencia que deje todo como estaba antes no resuelve un golpe de Estado. Presión nacional e internacional seguirá hasta que se restituya el hilo constitucional”, dijo Guevara en su cuenta Twitter.
Las decisiones de la corte venezolana generaron un rechazo internacional, especialmente el que le quitó las competencias a la cámara.
La oposición acusó a Nicolás Maduro de haber perpetrado un “golpe de Estado”, mientras el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un “autogolpe”.
Pero el mandatario respondió el viernes que “en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos”.
“Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo”, añadió Maduro, quien presidió el Consejo de Defensa de la Nación desde el Palacio Presidencial de Miraflores, ubicado en Caracas.
¿Por qué surgieron las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia? La decisión del TSJ venezolano ocurrió para hacer frente, argumentaron, al desacato que mantiene desde el 5 de enero de 2016 la AN al juramentar a tres diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas (sur) el 6 de diciembre, luego de ser suspendidos provisionalmente a causa de irregularidades de votos en esa región.
Esta medida hace que todas las acciones del Parlamento desde entonces sean nulas mientras los legisladores no sean desincorporados. Ante las críticas que surgieron por la resolución del TSJ, Maduro lanzó el viernes una advertencia a la oposición. “Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle”, dijo el presidente.
Maduro declaró ser víctima de un “linchamiento diplomático” y de un plan liderado por Estados Unidos y gobiernos de derecha, a través de la OEA, para derrocarlo. El mandatario reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que la MUD congeló en diciembre pasado, alegando el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos sobre un cronograma electoral y liberación de opositores presos.
El proceso es auspiciado por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Para declarar que los fallos del TSJ constituyen “una violación del orden constitucional”, un grupo de 13 países presentó un proyecto de resolución para ser debatido el próximo lunes en una sesión del Consejo Permanente de la OEA.
