Vargas se entregó a la Interpol el martes y fue repatriada este miércoles a Panamá, donde declarará como imputada por supuestamente haber ayudado a lavar dinero de los sobornos de la constructora brasileña a los hijos del expresidente Martinelli (2009-2014), según fuentes judiciales.
La abogada trabajaba para dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero, por haber recibido al menos 22 millones de dólares que fueron congelados por Suiza, de acuerdo con el Ministerio Público.
Según medios locales, Vargas gestionó al menos cinco sociedades con cuentas bancarias en Suiza, en las que los hermanos Martinelli aparecen como beneficiarios finales.
La letrada abandonó el principal aeropuerto de la capital panameña entre fuertes medidas de seguridad y sin hablar con los periodistas y llegó a las instalaciones del Ministerio Público para rendir declaración, según constató Efe.
La entrega de Vargas tuvo lugar poco después de que la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, recomendara ayer a los implicados en el escándalo de Odebrecht confesar detalles sobre la red corrupta lo antes posible para poderse acoger así a una futura reducción de pena, gracias a la recién aprobada ley de «delación premiada».
El Ministerio Público adelanta en Panamá 6 investigaciones en torno a Odebrecht en las que hay al menos 17 imputados, entre ellos Vargas y los hijos de Martinelli.
Las confesiones, añadió Porcell en una rueda de prensa, deben darse antes del 1 de junio, fecha en la que Brasil empezará a compartir información sobre el caso con otros países.
La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.
Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los 3.000 millones de dólares, se comprometió verbalmente en diciembre a pagar 59 millones de dólares al Estado panameño, pero aún no hay ningún acuerdo firmado.
La multinacional brasileña sí alcanzó un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza y pagará multas que suman al menos 2.047 millones de dólares.
