Como se preveía, la agenda neoliberal del nuevo presidente de Brasil, Michel Temer, se estrenó luego de la conspiración parlamentaria que permitió al Senado destituir del cargo a la mandataria Dilma Rousseff. Mientras, en torno a la mandataria y de su Partido de los Trabajadores (PT) surgen opciones de resistencia, como la campaña para promover la reelección del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para los comicios de 2018 y conformar un frente como en Uruguay. Las primeras acciones se vieron en las calles de Sao Paulo y Río de Janeiro, donde miles de personas condenaron el jueves la destitución y el “golpe” de Temer contra Rousseff.
Manifestantes montaron barricadas y fueron reprimidos por la policía, con gases lacrimógenos. Vidrieras de bancos fueron atacadas y la fachada del diario Folha de Sao Paulo, que reclamaba en sus editoriales la renuncia de Rousseff, recibió un recado en aerosol: “Golpistas”. Un carro policial fue volcado por los manifestantes cerca de la Avenida Paulista, principal arteria de la ciudad. En cadena nacional, Temer propuso lo que advertía Rousseff a los senadores: la flexibilización laboral y del sistema jubilatorio, un pedido del principal financista del juicio político, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), que acogió, mantuvo e hizo campaña entre las grandes empresas del país para elevar a Temer al poder. “Tenemos que modernizar la legislación laboral para garantizar los nuevos empleos. La libre negociación entre las partes es un avance”, dijo Temer en cadena nacional, poniendo en agenda un tema que le puede causar resistencia popular.
Esto quiere decir que la ley que pretende el nuevo presidente modificará la normativa que rige desde 1943, que incluye la negociación colectiva entre sindicatos y empleadores. El proyecto habla de libertad para que cada empleado discuta el salario con el empleador.