La norma fue sometida a consulta prelegislativa, para lo que la comisión visitó 21 provincias donde recibió aportes de los titulares de derechos colectivos, además de distintos sectores, actores, instituciones, universidades, organizaciones no gubernamentales, colectivos, ciudadanía, dijo Carlos Viteri.
El parlamentario recordó que los temas sustantivos puestos a debate se relacionan con la propiedad y posesión de las tierras comunitarias dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y recursos naturales; protección, mantenimiento y desarrollo de los conocimientos colectivos asociados a la biodiversidad; y, saberes, prácticas y tradiciones ancestrales y culturales.
Viteri señaló que la aprobación del Código del Ambiente marcará un antes y un después en la legislación ecuatoriana en temas ambientales, puesto que se ha construido con la participación conjunta de colectivos, ciudadanos, académicos, organizaciones, instituciones públicas y privadas, entre otros. Más que una norma legal, este cuerpo jurídico es una herramienta clave para garantizar los derechos de la naturaleza y el buen vivir.
El proyecto tiene por objeto asegurar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza.
Las disposiciones del código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines.
