Un día después de la disposición del presidente Daniel Noboa de reforzar la presencia militar en las fronteras, decenas de soldados se desplegaron en los distintos puntos limítrofes del país.
Con el fin de evitar el cometimiento de actos ilícitos, los efectivos de las Fuerzas del Orden se concentraron en el puente internacional de Rumichaca; en la zona de Urbina, Cerro Troya y Tufiño, en la provincia de Carchi. Mientras tanto, varios militares también se movilizaron al sector de Mataje en Esmeraldas, en cumplimiento con la orden del Primer Mandatario.
Para el experto en seguridad, Patricio Haro, la decisión adoptada por el Primer Mandatario ratifica que el proceso electoral podría estar siendo atentado por grupos armados que vienen desde el exterior. Por ello, precisó, reforzar la presencia militar evitará el ingreso de cualquier amenaza para el Estado ecuatoriano y la democracia.
Recordó que el cierre de fronteras como el que aplicará Ecuador parte de una potestad soberana que puede darse de manera unilateral o multilateral, algo que, dijo, fue implementado en su momento por Colombia en medio de procesos electorales. Haro también puso el ejemplo de Perú cuando durante la pandemia cerró sus puntos limítrofes para evitar el ingreso de personas.
“En este momento, pesa más la seguridad. Estos esquemas que pueden afectar al proceso electoral, a la población, a los candidatos y al sistema democrático, justifican la decisión de cerrar las fronteras”, dijo.
Por otro lado, el experto en seguridad se refirió al deficiente combate del Estado en su conjunto contra el crimen organizado. Precisó que, desde la Policía y las Fuerzas Armadas se ha demostrado un mayor esfuerzo por mitigar la presencia de organizaciones criminales, sin embargo, desde la UAFE, el SRI y la justicia, no existen las actuaciones necesarias para evitar el financiamiento ilícito y el encarcelamiento de líderes criminales.
Consideró que, a esto se suma una “relación malhadada e incestuosa” entre la política y el narcotráfico, que facilita la permeabilidad del crimen organizado en las distintas instituciones del Estado.
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