Zuñiga pide al senador respetar las acciones soberanas de los poderes públicos del Estado ecuatoriano. «Solicitamos también que se haga una lectura más amplia de estos acontecimientos que por desgracia se nutren de una sostenida campaña mediática que busca enrarecer la imagen de los mandatarios de nuestra nación en beneficio de intereses no siempre apegados al juego democrático de las ideas y que, por el contrario, parece buscan socavar la empatía mayoritaria que hay entre los ciudadanos y sus autoridades», citan
La ministra argumenta que el gobierno ecuatoriano es respetuoso de la soberanía de los estados y la autodeterminación de los pueblos, «pero sobre todo, respetuoso de los derechos humanos de cuyos instrumentos internacionales el Ecuador es suscribiente, expresa su preocupación por las afirmaciones por Usted vertidas, en cuanto a la supuesta falta de independencia judicial y ataques a la libertad de expresión».
Recuerda que a diferencia de gobiernos anteriores, que además de interferir groseramente en la justicia, muchas veces aceptaban edictos de terceros países afectando con ello la soberanía nacional y a sus ciudadanos,» en la actualidad los poderes del Estado actúan sin interferencia alguna para beneficio de la justicia y respeto absoluto de los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos que habitan o transitan por territorio nacional».
Argumenta que un reflejo de «ese comportamiento plural y abierto a las diferencias es el hecho de que el Ecuador reconoce todos los convenios, pactos, tratados o demás documentos que garantizan los derechos humanos. Entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que indica en su artículo 19 que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión lo cual, de acuerdo al convenio en referencia entraña deberes y responsabilidades especiales como el de asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás».
Sostiene que con la querella presentada en contra de la asambleísta Lourdes Tibán, «lo que la justicia ecuatoriana busca es dilucidar si la mencionada ciudadana no se extralimitó en sus funciones al emitir una serie de comentarios ofensivos que presuntamente afectaron la honra y el buen nombre de una parlamentaria colega suya».
Pide al senador que con la misma prolijidad que muestra en el caso de la asambleísta Tibán, » revise las múltiples intervenciones de la mencionada política donde sin importar el más elemental respeto por sus semejantes arremete con demasiada frecuencia contra quienes ella considera sus contrarios ideológicos».
Finaliza que el caso que involucra a dos asambleístas «es llevado por la justicia ordinaria de nuestro país como un proceso más en el cual se investiga y eventualmente se castiga un delito y no a la persona, sin importar quién sea ésta».
