«El débito ya está realizado por el ministerio como debía haberlo hecho (…), es una consecuencia de la disposición que fue emitida por el Presidente de la República y además confirmada por el informe de la Procuraduría y Contraloría», manifestó el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, en declaraciones recogidas por Ecuavisa.
Diario El Telégrafo indicó que el coronel Bolívar Silva, parte del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), confirmó que la entidad fue notificada del cobro, y afirmó que lo que hizo el Ministerio de Finanzas fue descontar los 41 millones de la deuda de 361 millones que mantenía el Gobierno con el Issfa.
La Contraloría General del Estado emitió días pasados un informe que concluyó realizar acciones pertinentes para la devolución de 41 millones de dólares por parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) al Ministerio del Ambiente (MAE) por la adquisición de los lotes de terreno.
Así, la Contraloría instó al ministro del Ambiente, Daniel Ortega y a los miembros del Consejo Directivo del ISSFA a realizar “las acciones necesarias para recuperar y devolver, respectivamente, los valores pagados en excesos”.
El documento, firmado por Ángel Salas Rodríguez, director de Auditoría de la Producción, Ambiente y Finanzas, aclara que la compraventa de los 66 lotes debía basarse en el avalúo del Municipio de Guayaquil, que fijó la cifra en siete millones de dólares, sin embargo, las autoridades fijaron el valor de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, cuya valoración fue de 48 millones de dólares.
En efecto, en 2010 el MAE canceló la suma de 48 millones de dólares, según un avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Miduvi (Dinac). Dicho informe determinó que el MAE y el ISSFA “inobservaron” lo dispuesto en los artículos 226 de la Constitución y 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
De su lado, el Issfa informó a través de su cuenta de Facebook que debido a la difícil situación económica, la concesión de los préstamos hipotecarios y quirografarios, al ser éstos parte de los servicios sociales se vio obligado a suspender de manera temporal.
«Considerando que el otorgamiento de las diferentes prestaciones como cesantía, salud, pago de pensiones, entre otras que constituye la razón de ser del Instituto, se atienden de manera normal», indicó.
Asimismo, los pensionistas de retiro y montepío de la entidad convocaron a una concentración en apoyo a las acciones, «que de manera legitima y responsable», se encuentran realizando los uniformados en servicio activo. «En defensa del Patrimonio del Regimen Especial y Sistema de la Seguridad Social Militar; y a la presentación, ante las respectivas autoridades judiciales, de la Acción Constitucional de Medida Cautelar, a fin de impedir la afectación de 41 millones de dólares», señala el comunicado.
Asimismo, señalaron que rechazan las declaraciones del Presidente (Rafael Correa). «Que en forma reiterativa afectan el honor y la dignidad institucional; y, exigir el pago de la deuda de 361 millones, que mantiene el gobierno desde Diciembre de 2014, deuda que no ha sido honrada, afectando irresponsablemente al presente y futuro del pago oportuno de nuestras prestaciones», detalló.
