Arévalo respondió a las acusaciones en una conferencia de prensa y aseguró que el Ministerio Público intenta hacer “un golpe de Estado” al señalarlo a él y al partido Movimiento Semilla de diversos delitos, así como al cuestionar los resultados de las elecciones. Por ello, llamó a la ciudadanía a defender el resultado de los comicios y aseguró que asumirá el poder el 14 de enero, como está previsto.
El Gobierno de Guatemala publicó un comunicado en el que dijo que es respetuoso de las actuaciones de las instituciones autónomas del país y de los resultados electorales. También rechazó “los precipitados pronunciamientos” de actores internacionales sobre la situación política en Guatemala, y señaló que tiene voluntad “para cumplir con la transición y la transmisión de mando presidencial”.
Previamente, Leonor Morales, fiscal especial contra la impunidad, había detallado los cargos contra Arévalo y otros integrantes de Semilla: «Todo lo antes indicado encuadra de manera perfecta en los ilícitos penales de uso de documento falsificado con agravante electoral de forma continuada, omisión de denuncia, desobediencia, obstrucción de justicia». Y añadió que por eso «se presentó la solicitud de retiro de antejuicio en contra de Samuel Andrés Pérez Álvarez y César Bernardo Arévalo de León, toda vez que ostentan el cargo de diputados al Congreso de la República”.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala también dio una conferencia de prensa en la que respaldó los resultados de las elecciones que ganó Arévalo, pese a los señalamientos del Ministerio Público. “Quiero ratificar, como magistrada titular y a título muy personal, y seguramente también con base a esa responsabilidad que tengo como funcionario público, los resultados están validados, los resultados están oficializados”, dijo Blanca Alfaro, presidenta del tribunal.
Por su parte, la OEA emitió un comunicado en el que condenó «el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala». Y añadió que estas acciones «constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país».
