«No puede haber bases militares extranjeras en nuestro país, lo prohíbe nuestra Constitución», dijo el Ministro al ser preguntado por la desmantelada base de Manta, en la provincia de Manabí.
El tema de que algún contingente estadounidense pudiera volver a territorio ecuatoriano, como ocurría hasta 2008, es un asunto comentado a raíz de los contactos políticos que ambos países han retomado después de años de distanciamiento durante el anterior gobierno de Rafael Correa.
También desde el atentado en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, en enero del 2018 atribuido a presuntos narcotraficantes, aparentemente vinculados en el pasado con la exguerrilla colombiana FARC, y en cuya investigación han participado agentes del FBI.
En ese sentido Zambrano dijo que Ecuador siempre está a favor de la cooperación entre pueblos y países, pero «una cooperación dentro del respeto». Y precisó que «una cosa es que se pueda tener bases extranjeras y otra el apoyo internacional y colaboración de otros países que son bienvenidas».
«Nosotros no estamos de acuerdo con la injerencia de militares de otros países en nuestro suelo, en nuestro espacio territorial, reivindicamos nuestra soberanía como país», insistió.
A mediados de septiembre de 2009, Ecuador consideró un «triunfo de la soberanía nacional» el asumir el control total de la base aérea de Manta, desde donde Estados Unidos desarrolló operaciones antinarcóticos regionales durante una década.
El acuerdo para la utilización de esta base por parte de EE.UU. lo firmó en 1999 el entonces presidente Jamil Mahuad, por un período de 10 años. Correa, que asumió la Presidencia de Ecuador en 2007, dijo en su primer año que no renovaría el convenio con Washington para el uso de la base, que acabo siendo desmantelada.
Zambrano señaló que «Estados Unidos siempre ha querido estar presente en los distintos países de América Latina». «Si la memoria no me falla tiene nueve bases militares en Colombia, tiene en Panamá…», dijo y recalcó que la Constitución de 2008 prohíbe expresamente la injerencia de grupos militares en el territorio.
«Es decir, ningún militar puede venir a ejercer militarmente, está prohibido constitucionalmente», insistió el funcionario al evocar el artículo 5 de la llamada Constitución de Montecristi, aprobada en 2008.
Fuente: El Comercio
