En las conversaciones publicadas desde el martes por el diario Público, Jorge Fernández Díaz y el director de la oficina antifraude de Cataluña discuten sobre posibles indicios de corrupción que podrían utilizarse contra líderes políticos de esta región nororiental española o sus familiares.
Estas informaciones sacudieron la campaña antes de las elecciones legislativas del domingo y toda la oposición reclamó la dimisión de Fernández Díaz, ministro muy próximo al jefe de gobierno y candidato del conservador Partido Popular Mariano Rajoy.
De hecho, el mismo Rajoy podría estar al corriente de estas maniobras de su ministro que en una de las conversaciones asegura que «el presidente del gobierno lo sabe», aunque este miércoles ambos lo desmintieron.
«Vemos a un ministro del Interior que se supone que tiene que protegernos a todos aparentemente utilizando su cargo para investigar a rivales políticos», criticó en la televisión pública Pablo Iglesias, líder del partido antiausteridad Podemos.
El candidato del partido socialista PSOE, Pedro Sánchez, también exigió su dimisión por «perseguir adversarios políticos» con las instituciones públicas y lo mismo hizo el líder del partido de centroderecha Ciudadanos, Albert Rivera.
Incluso dos sindicatos de la policía nacional y de la Guardia Civil pidieron también su renuncia por «una utilización de los recursos del Estado con fines partidistas absolutamente inaceptable».
El ministro se siente víctima
Las grabaciones corresponden a dos reuniones entre Fernández Díaz y el director de la oficina antifraude catalana, Daniel de Alfonso, en octubre de 2014.
En esa época, existía una alta tensión entre el gobierno español y las autoridades catalanas que habían impulsado la celebración de un referéndum simbólico sobre la independencia el 9 de noviembre de ese año, a pesar de una prohibición judicial.
En la conversación, Fernández Díaz y su interlocutor analizan posibles trapos sucios del actual vicepresidente catalán Oriol Junqueras y de miembros del gobierno del expresidente regional Artur Mas.
«El ministro me hizo sugerencias», reconoció el martes por la noche De Alfonso en la radio Cadena Ser.
En la grabación, De Alfonso asegura que los indicios son «endebles», pero el ministro rebate que algunos pueden hacer «mucho daño» políticamente.
Fernández Díaz confirmó esas reuniones aunque aseguró este miércoles que los extractos publicados están «sesgados y descontextualizados», y anunció la apertura de una investigación policial para saber quién grabó y filtró las conversaciones.
Lejos de dimitir, el ministro aseguró que las acusaciones contra él son una «calumnia intolerable» y afirmó ser víctima de un ataque para destruir a un adversario político antes de las elecciones.
También dejó al margen a Mariano Rajoy que «se enteró ayer [martes]» de todo, contradiciendo lo que dice en la grabación.
Las revelaciones causaron poca sorpresa en Cataluña. El ministerio del Interior lleva tiempo en el punto de mira de los independentistas tras la filtración en el pasado de varios informes policiales con acusaciones nunca probadas contra líderes independentistas, entre ellos el expresidente Artur Mas.
«Hay una guerra sucia desde las cloacas del Estado», aseguró este martes el presidente independentista catalán Carles Puigdemont, mientras que Mas denunció «una conspiración en toda regla para destruir el soberanismo catalán».
De hecho, desde que comenzó el auge del independentismo en 2010, se multiplicó la presión policial sobre el partido nacionalista conservador de Mas, CDC, investigado en varias causas de corrupción.
Aunque las sospechas existían desde hace años, muchos escándalos no estallaron hasta que esta formación, antes aliada de los gobiernos españoles tanto del PP como del PSOE, dio un giro hacia el independentismo.
A cinco días de las elecciones, este escándalo puede dañar al Partido Popular de Rajoy, que parte como favorito en los sondeos pero lejos de la mayoría absoluta.
Los comicios son una repetición de los vividos en diciembre, donde la irrupción de dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, obligaban a las formaciones a aliarse para gobernar.
Sin embargo, no fueron capaces de entenderse y el rey Felipe VI tuvo que convocar unas nuevas elecciones para el 26 de junio.
