Durante entrevistas radiales ofrecida este viernes 16 de marzo del 2018, Ledesma señaló que la propuesta es que se tomen en cuenta variables como la rentabilidad de las empresas, el crecimiento económico proyectado, la inflación y la canasta básica, como lo señala la Organización Internacional del Trabajo, dijo.
“Me da vergüenza que el salario básico sea materia de una negociación, es antiético”, expresó. A su juicio, el salario básico debe ser una herramienta económica que sirva de base para sostener el aparato productivo, fortalecer el sistema de las empresas en su dinámica económica y que le permita al trabajador lograr un bienestar básico para su familia.
Entre otros temas laborales en los que trabaja el despacho, Ledesma se refirió al sistema de registros oficiales. Sostuvo que desde mayo del año pasado inició un proceso de moratoria a través del cual se obligaba a los empleadores a registrar en un lapso de 30 días los contratos de sus trabajadores. A raíz de este proceso, el Ministerio estableció estadísticas sobre el status laboral de los ecuatorianos.
De acuerdo con Ledesma, entre mayo y diciembre se registraron más de 500 000 contratos. Advirtió que estas cifras no se refieren a nuevos empleos, sino a aquellos contratos que no habían sido legalizados. Algunos datan de 2015 y 2016, otros de enero del año 2017. El proceso de moratoria continúa durante este año. Así, entre los meses enero y febrero del 2018 se registraron cerca de 124 000 contratos, de los cuales unos 100 000 sí corresponderían a nuevos empleos. Estos se ubican, principalmente, en los sectores acuícola, pesquero y de la construcción.
Las razones de este crecimiento, argumenta el ministro, responden al repunte de la producción camaronera a finales del año pasado, cuya cifra de exportación superó a la del banano (producto que tradicionalmente lideraba el segmento de ventas no petroleras). En lo relacionado con la construcción, Ledesma considera que el incremento de contratos es el resultado del triunfo en la pregunta 6 de la consulta popular que deroga la llamada Ley de Plusvalía.
En materia de empleo juvenil, el titular del despacho habló de dos programas que se implementarán a partir de abril. El primero es el de pasantías laborales, mediante el cual se devolverá, mes a mes, el 100% del sueldo del pasante a la empresa.
El segundo, denominado Empleo Juvenil, implica la devolución también mensual de 50% del sueldo y 50% del aporte patronal a aquellas empresas que contraten personas entre 18 y 29 años. Estos programas beneficiarán a cerca de 25 000 empresas del sector privado y 60 000 del sector público. Según el ministro, hasta la fecha se han preinscrito para participar unas 50 compañías.
Fuente: El Comercio
