De acuerdo a los datos oficiales parciales, Moreno, del movimiento Alianza País (AP, de izquierda), tiene el 51,16 % de los votos y el opositor Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO, de centroderecha), el 48,84 por ciento de los votos.
Unos 12,8 millones de electores fueron convocados a las urnas el domingo pasado para designar al sucesor del presidente Rafael Correa, que dejará el cargo el próximo 24 de mayo tras diez años en el cargo.
Mientras Moreno aseguró ayer que será el gobernante de «todos los ecuatorianos», en especial «de los más pobres», y recibió felicitaciones de presidentes de varios países, Lasso insistió en su tesis de fraude electoral por lo que dijo que su candidatura pedirá un nuevo recuento de los votos.
«Vamos a impugnar los resultados tan pronto como se los declare oficialmente», dijo Lasso en conferencia de prensa en Quito, adonde viajó desde Guayaquil (suroeste) para unirse a sus simpatizantes en una concentración de protesta en la que cuestiona el proceso de escrutinio.
Anticipó que «si en el reconteo de votos ellos ganan por un voto, aquí estoy yo para reconocer ese triunfo».
El candidato, quien anunció que también pedirá una auditoría del sistema informático de las elecciones, expresó su desconfianza hacia las instituciones electorales porque «aquellos que producen el fraude son los jueces» que han de dictaminar sobre él.
«Prevemos que van a negar nuestros pedidos, pero en la negación de los pedidos esta la confirmación del fraude» apostilló Lasso, quien aseguró que, por ello, ha dirigido también sus denuncias a la Organización de Estados Americanos (OEA) con cuyos observadores se ha reunido, indicó.
Reiteró sus argumentos sobre las supuestas irregularidades, como la presunta manipulación de actas de votación y el hecho de que durante el tiempo en que la página web del CNE estuvo bloqueada el domingo, el escrutinio avanzó del 20 al 90 %.
Insistió en que, en cambio, durante la primera vuelta de las elecciones, realizada el 19 de febrero, el recuento de las papeletas de la elección presidencial tomó varios días.
La misión de la OEA informó en un comunicado que las denuncias opositoras «deben ser tramitadas por el cauce institucional y ser atendidas por las autoridades competentes».
